24h Canarias.

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Solicitan anulación por presunta interferencia del exjuez Alba en caso de Ramírez y De Armas

Solicitan anulación por presunta interferencia del exjuez Alba en caso de Ramírez y De Armas

Las defensas de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, y Héctor de Armas, empresario, han solicitado la nulidad de la actuación del exmagistrado Salvador Alba en el procedimiento judicial, argumentando que su participación fue desviada. Esto se ha expuesto durante la primera jornada de la vista oral que se está llevando a cabo en la Audiencia de Las Palmas en contra de Ramírez y De Armas, acusados de un presunto delito contra la Seguridad Social por un fraude de aproximadamente 36.66 millones de euros.

La defensa del empresario ha pedido la absolución de los acusados, argumentando que la causa está contaminada debido a la actuación de Salvador Alba, quien actualmente se encuentra en prisión por prevaricación judicial y falsedad en documento público. Han señalado que Ramírez no fue notificado formalmente sobre su imputación por siete nuevos delitos, que van desde 2010 hasta 2013 contra la Hacienda Pública y de 2009 a 2012 contra la Seguridad Social. Alegan que Alba accedió al procedimiento con un propósito desviado y citó a los acusados el mismo día sin haber revisado la documentación ni explicar los motivos de la citación.

Además, la defensa ha añadido que el juez no explicó los motivos de la llamada a declarar y cuestionó a De Armas sobre contratos publicitarios que, según ellos, no estaban relacionados con el procedimiento, posiblemente para demostrar que la anterior instructora y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, incumplió su deber de abstención.

Por otro lado, han denunciado un proceder arbitrario por parte de la investigación de la Seguridad Social y una imputación tardía de algunos delitos una vez concluida la instrucción. La defensa de Héctor de Armas también presentó informes médicos del acusado y se unió a la argumentación de la otra defensa en relación a la nulidad por la indefensión de los acusados.

La Fiscalía ha solicitado una pena de 21 años y seis meses de prisión, así como una multa de hasta 105 millones de euros para Miguel Ángel Ramírez por cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social. Asimismo, pide una pena de 14 años de prisión y una multa de 79.3 millones de euros para Héctor de Armas por tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.

El presunto fraude se habría cometido entre los años 2009 y 2013 en el caso de Ramírez, y entre 2011 y 2017 en el caso de De Armas.