En un escenario complicado, la directora general de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, anunció este martes que no se llevará a cabo esta semana la segunda fase de la derivación de menores migrantes no acompañados desde las Islas hacia la península. Esta situación se debe a complicaciones administrativas que enfrenta el Estado en la gestión de las plazas disponibles para acoger a estos adolescentes.

Rodríguez, quien hizo estas declaraciones tras una reunión de seguimiento sobre el proceso de derivación, explicó que los problemas están ligados a la certificación de espacios disponibles en la península. Según su relato, había planes para concluir el viernes ciertos trámites con una entidad que se encarga de las plazas, pero al coincidir con un festivo, no se logró obtener la autorización necesaria para abrir el centro solicitado.

"El cronograma que teníamos para esta semana se ha visto afectado. En la primera derivación, que tuvo lugar el lunes 11 de agosto, solo se logró trasladar a 10 menores, y los 15 que estaban programados para esta semana tampoco se llevarán a cabo". Rodríguez subrayó que el Estado enfrenta la misma dificultad de siempre: la creación urgente de 1.200 plazas, por lo que se requiere de soluciones inmediatas y efectivas.

La directora de Protección a la Infancia expresó su frustración con los resultados de la reunión, indicando que no se han realizado avances significativos desde la última conversación hace una semana. En aquella ocasión, se mencionó la intención del Gobierno central de facilitar dos derivaciones semanales. Sin embargo, la realidad apuntala que estas no se concretarán debido a "diversas cuestiones administrativas" que persisten sin resolverse tras cinco meses de espera, advirtió Rodríguez.

Rodríguez remarcó que durante la reunión, ciertas afirmaciones del Gobierno, como que los autos del Tribunal Supremo eran "circunstanciales", resultaron inapropiadas y desalentadoras. A su entender, dichos autos son esenciales para el proceso, y si no se hubiesen materializado, probablemente no se habría iniciado el trabajo para dar una respuesta a los derechos de estos menores.

La funcionaria enfatizó que no es aceptable que el aparato estatal opere a un ritmo más lento que el de la comunidad autónoma canaria, que ha visto un incremento notable en los centros de acogida, pasando de 39 a 85 en lo que va del año.

Además, Canarias demanda la implementación de un protocolo claro para el traslado de estos menores. Rodríguez argumentó que de haber existido un protocolo adecuado, se habrían evitado los inconvenientes que surgieron durante la primera derivación, destacando la necesidad de que los menores no viajen solos y cuenten con acompañamiento especializado durante todo su trayecto.

En adición al protocolo, el Gobierno canario también solicita un calendario de traslados, criticando la falta de información y la incertidumbre persistente que enfrenta. “A pesar de que se mencionan dos derivaciones semanales, los números han disminuido de manera considerable”, apuntó, sugiriendo que en vez de los 30 originally previstos, ahora se espera trasladar apenas a 20 menores por semana.

Rodríguez también indicó que, aunque han expresado que podrían aumentar el número de traslados si todos avanzan más rápido, no hay un documento firme que lo respalde, dejando sin garantías estos acuerdos con el Estado.

Tras muchas insistencias, indicó que se ha logrado al menos tener un calendario tentativo para las derivaciones de agosto y la primera semana de septiembre, aunque reconoció que esto no satisface completamente lo que exige el auto del Tribunal Supremo.

En un giro algo positivo, el Gobierno central ha aceptado la propuesta canaria para que las adolescentes que tienen derechos de asilo sean atendidas y evaluadas en los dispositivos del Gobierno de Canarias, en lugar de ser agrupadas en el centro de tránsito Canarias 50, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria.

Aunque esta medida busca facilitar la respuesta a las necesidades de los menores, aún hay 142 menores en el Canarias 50 que no han sido evaluados, a pesar de que sus expedientes han sido presentados por el Gobierno de Canarias. Algunos de ellos llevan casi un mes en este centro, aun cuando se había prometido su salida en un plazo de 15 días.

Por lo tanto, el Gobierno canario hace hincapié en la urgencia de que el Estado resuelva el tema de las plazas y ofrezca respuestas claras sobre cuándo y adónde serán trasladados los menores, así como con qué fundaciones se establecerán convenios.

Rodríguez aseguró que el Gobierno de Canarias está dispuesto a colaborar continuamente con el Estado, recordando que son los tutores de los menores. Sin embargo, enfatizó que eso no impide que se exija el cumplimiento de los compromisos acordados.

Por otro lado, criticó que el Gobierno central haya señalado durante la reunión que la red de atención para adultos está al 86% de ocupación, mientras que Canarias enfrenta una situación insostenible de hasta 750%. Este tipo de comparaciones, según Rodríguez, son inapropiadas en el contexto actual.

Señaló que las respuestas recibidas en la reunión fueron "impresionantes" e inaceptables, reiterando su compromiso de seguir exigiendo el cumplimiento de los autos del Tribunal Supremo. La falta de organización y planificación fue evidente en cuestiones como la autorización de primeras derivaciones y la ausencia de un calendario definido.

Finalmente, advirtió que si no se implementan cambios significativos antes del 1 de septiembre, los detalles sobre la situación serán incluidos en el informe quincenal que se remite al Tribunal Supremo, sugiriendo que será el tribunal el que deba recordar al Estado sus obligaciones.

A pesar de que hasta ahora han sido trasladados 10 menores migrantes, la situación es preocupante, ya que durante el mismo periodo han ingresado 15 nuevos menores al sistema de protección, lo que denota que la presión sobre el archipiélago persiste y se extiende más allá de la protección infantil, afectando también a los sectores de salud y educación.