En un paso significativo hacia la mejora del acceso a la vivienda pública, el Gobierno de Canarias ha dado luz verde a un decreto que transforma las normativas existentes, eliminando el tradicional sistema de sorteos. Este nuevo enfoque, que ahora se enviará al Consejo Consultivo para su evaluación, establece requisitos más concretos para los solicitantes, incluyendo la necesidad de haber residido en las islas durante diez años, o quince en el caso de estancias intermitentes.

Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, explicó que se incorporará un sistema de "baremación objetiva" que valorará diversas dimensiones de la vida de los solicitantes, como su situación social, económica y familiar. Este proceso busca garantizar que las asignaciones de vivienda sean más equitativas y reflejen las realidades de quienes más lo necesitan.

En un contexto de creciente crisis habitacional, el decreto también establece un registro único y prioriza a los residentes locales, reconociendo su necesidad ante la actual emergencia. Esta medida busca integrar a quienes ya forman parte del tejido social de las islas en el acceso a viviendas dignas y adecuadas.

Además, se han ampliado los "cupos protegidos" para grupos vulnerables, aumentando significativamente las oportunidades para jóvenes, que verán su cuota aumentar del 5% al 20%. También se mejorarán las opciones para mayores de 65 años, víctimas de violencia de género y personas con limitaciones funcionales, reflejando un compromiso renovado por la inclusión social y la justicia en el acceso a la vivienda.

Rodríguez añadió que se fomentará la "modernización del modelo constructivo", incorporando viviendas modulares y prefabricadas que, a diferencia de las infraviviendas del pasado, se contemplan como soluciones habitacionales dignas y adaptadas a las particularidades del entorno canario. Este cambio no solo busca abordar la falta de vivienda, sino también elevar la calidad de vida en la región.