En una decisión que resalta la creciente preocupación por la situación de los menores migrantes, el Consejo de Ministros de España ha dado luz verde a una transferencia extraordinaria de 100 millones de euros destinada a apoyar la atención de la infancia migrante no acompañada en Canarias.

Esta asignación, parte del presupuesto del Ministerio de Juventud e Infancia, busca asegurar una protección adecuada para los niños, niñas y adolescentes que llegan al archipiélago solos y en condiciones vulnerables. Actualmente, más de 4,500 menores no acompañados están bajo atención en las Canarias, lo que subraya la urgencia de esta medida.

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, celebró la aprobación y destacó que esta acción refleja el compromiso del Gobierno español con los derechos de los menores migrantes, así como con las comunidades receptoras como Canarias. En sus declaraciones, reafirmó que apoyar a estos jóvenes es una "responsabilidad y una obligación legal" que compete a todas las administraciones públicas.

La ministra también enfatizó que su departamento ha incrementado su papel en la protección y acogida de estos menores, mejorando los mecanismos de apoyo y aumentando la inversión pública para ofrecer una atención integral que incluya cuidado, inclusión social y acompañamiento.

El reciente Real Decreto contempla financiación para una variedad de necesidades esenciales como alojamiento, alimentación, vestimenta, apoyo psicosocial y jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo y servicios de traducción, así como para identificar y atender a perfiles más vulnerables. Esta inversión busca asegurar que los menores reciban el trato digno y afectuoso que merecen.

Además de las medidas para los menores, esta partida también contempla iniciativas que faciliten la integración social y laboral de los migrantes adultos que han dejado de estar bajo la tutela del Estado, incluyendo acceso a vivienda y atención psicosocial.

El ministerio ha establecido estrictas garantías en cuanto a la supervisión y justificación del uso de estos fondos, con el fin de asegurar que se orienten exclusivamente a la protección de la infancia migrante. Además, se implementarán controles por parte de organismos como el Tribunal de Cuentas, con la obligación de preservar documentación que respalde el gasto realizado.

Canarias también tendrá que rendir cuentas sobre cómo se utilizan los fondos, enfocándose en aspectos como el fomento del acogimiento familiar, la reducción de la pobreza infantil y la preparación para la vida autónoma de estos jóvenes. Se espera que se recojan datos sobre el impacto en la igualdad de oportunidades y se realicen acciones positivas para contrarrestar las desigualdades basadas en la edad y el género.

La reciente asignación se suma a los 40 millones de euros ya transferidos a Canarias durante 2025 para esta causa, representando un incremento notable del 140% respecto al año anterior y una asombrosa subida del 3.802% comparado con 2021, lo que indica que este esfuerzo representa alrededor del 90% del total gastado por las autoridades canarias este año, según apunta la ministra Rego.