Restricciones a la libertad de movimiento de migrantes en Canarias, Ceuta y Melilla, revela informe.

En Las Palmas de Gran Canaria, se ha presentado el informe 'Burorrepresión en la frontera sur: violencia administrativa en Canarias, Ceuta y Melilla', elaborado por No Name Kitchen, El Taller-Frontera Sur Gran Canaria y Solidary Wheels No Borders For Human Rights. Este informe destaca la existencia de prácticas arbitrarias en estos territorios que han obstaculizado la libertad de movimiento de las personas solicitantes de protección internacional hacia la península.

El estudio resalta la falta de información que afecta a la infancia no acompañada en Canarias, Ceuta y Melilla, lo que les impide ser parte activa en su proceso y los deja en situaciones de irregularidad administrativa y desamparo en las calles.

Se destaca que, aunque en Ceuta y Melilla ha habido una disminución en casos de jóvenes que alcanzan la mayoría de edad sin el permiso de residencia o con éste caducado, en Gran Canaria cada vez más menores se enfrentan a esta barrera burocrática.

Las organizaciones denuncian que en Canarias, Ceuta y Melilla se permite que niños, niñas y jóvenes permanezcan en la calle, vulnerando normativas nacionales, europeas e internacionales sobre protección infantil.

Las prácticas burocráticas represivas reflejan políticas migratorias y de fronteras que perpetúan la exclusión y el rechazo hacia la migración desde una óptica de seguridad en lugar de justicia social y respeto a los derechos fundamentales.

Es crucial abordar la movilidad humana desde una perspectiva de respeto a los derechos, en lugar de perpetuar prácticas represivas que limitan el acceso a los mismos.

En los territorios fronterizos de Canarias, Ceuta y Melilla se observa una sistemática vulneración de los derechos de las personas migrantes, donde las prácticas burocráticas cotidianas restringen el acceso a derechos fundamentales y perpetúan un régimen represivo en la frontera sur de España.

La falta de información y la opacidad en los procesos migratorios en estos territorios generan vulnerabilidad e incertidumbre en las personas migrantes, afectando su salud mental y sus expectativas de vida.

La exigencia de documentación y los bloqueos administrativos carecen de respaldo legal y se utilizan para retener a las personas y controlar su movilidad en estas ciudades fronterizas.

Se constata que la falta de regulación interna en los CETI de Ceuta y Melilla genera inseguridad jurídica y discriminación, al negar la entrada a personas por motivos de nacionalidad de forma arbitraria.

La falta de transparencia en los criterios de traslado a la península y la ausencia de asistencia legal contribuyen a la frustración y desconfianza de las personas migrantes en estos recursos de acogida.

Se destaca la importancia de la información y el acceso a los derechos básicos para las personas migrantes, especialmente para las familias de origen marroquí que enfrentan una exclusión sistemática en Ceuta y Melilla.

Es crucial que las entidades y recursos de acogida proporcionen información clara y transparente a las personas migrantes en Canarias, Ceuta y Melilla desde su llegada hasta su salida de estos territorios fronterizos.

Se requiere una planificación a nivel estatal que garantice los derechos de las personas migrantes y una respuesta sólida que proteja la infancia migrante y evite situaciones de calle causadas por la irregularidad administrativa al alcanzar la mayoría de edad.