La Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán Cumbre Vieja 2021 ha aprobado un manifiesto en el que solicita a las distintas administraciones públicas un total de 23 medidas para concretar "la hoja de ruta definitiva" sobre la reconstrucción de la isla tras la erupción volcánica de hace dos años.

Según el comunicado emitido por la plataforma, muchos afectados todavía están esperando respuestas a los problemas derivados de la pérdida de viviendas, enseres, fincas o empresas, y las ayudas prometidas, lo que ha llevado a la isla a atravesar una de las peores crisis de su historia.

Entre las medidas solicitadas, la plataforma demanda informes del IGN y el IGME sobre qué zonas de las coladas pueden ser recuperadas y en qué plazos, así como la ordenación del nuevo territorio.

En relación al problema de la vivienda, la plataforma reclama un plan integral que permita que las ayudas por pérdida de hogar puedan recibirlas también las viviendas en situaciones de precario y las que no estuviesen regularizadas. También exigen que las ayudas al alquiler de primera vivienda se abonen de manera mensual.

Además, la plataforma plantea la posibilidad de que aquellos afectados que hayan perdido segundas viviendas o camas turísticas puedan reconstruirlas en suelos no edificables, dado el impacto que esto ha tenido en los núcleos familiares.

Otra de las demandas es que el Gobierno canario cumpla con el compromiso de pagar el valor del patrimonio privado destruido por la erupción, es decir, con el valor que tenía antes de la catástrofe. También se propone priorizar a los afectados de avanzada edad que no vayan a reconstruir sus inmuebles.

En cuanto a la agricultura, la plataforma busca definir un plazo para la reconstrucción de los bancales, proyectar el abastecimiento de tierra vegetal necesaria y determinar las zonas de fincas comunes y las que podrán reconstruir los particulares. Además, solicitan un sistema claro de ayudas públicas y créditos blandos para estos fines.

En cuanto a la legislación estatal, la plataforma considera necesario modificar la Ley de Expropiación Forzosa, el Código Civil y la Ley de Seguros para garantizar los derechos de los afectados por desastres volcánicos.

En materia de fiscalidad, la plataforma defiende un régimen de bonificaciones fiscales homogéneo entre las distintas administraciones públicas hasta que La Palma recupere los índices económicos anteriores a la erupción.

Por último, la plataforma destaca la necesidad de tomar medidas en relación a Puerto Naos y La Bombilla, que todavía están evacuados por los gases. Entre las propuestas se encuentra zonificar el peligro, implementar medidas preventivas frente al CO2, garantizar las ayudas a las empresas afectadas y buscar soluciones habitacionales para su población.

En resumen, la plataforma demanda una planificación detallada de la recuperación de vías preexistentes a la catástrofe y un cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de las autoridades para no demorar la reconstrucción y hacerla de la mano de la población damnificada.