Las Palmas de Gran Canaria, 1 de noviembre de 2024. La Fiscalía Provincial ha presentado ante el tribunal una solicitud de condena de diez años de prisión para tres ciudadanos senegaleses, quienes se encontraban al mando de un cayuco que llegó a las costas de Gran Canaria en mayo del año pasado. Estos patrones son acusados de violar derechos fundamentales de los migrantes y de causar lesiones a uno de los pasajeros por negarse a desprenderse de un amuleto.

Este cayuco, que partió de las aguas de Mauritania, fue rescatado por el equipo de Salvamento Marítimo, específicamente la Guardamar Talía, una semana después de su salida, el 13 de mayo de 2023. En su interior, se encontraban 172 personas provenientes tanto de regiones subsaharianas como de Asia, que se enfrentaron a duras condiciones durante la travesía.

Según los informes de la Fiscalía, los tres senegaleses, al ser detentores del control de la embarcación, planificaron la travesía con el conocimiento de que sus acciones eran ilegales en relación con la normativa sobre la migración. Los documentos judiciales también señalan que la embarcación en cuestión, de 26 metros de longitud, no contaba con ningún tipo de sistema de seguridad, lo que resultó en un viaje marcado por el hacinamiento y condiciones de higiene precarias que ponían en peligro la vida de los migrantes.

Durante la travesía, el motor del cayuco presentó problemas, lo que llevó a los acusados a solicitar a los pasajeros que se deshicieran de sus amuletos, creyendo erróneamente que estos objetos les traían mala suerte. Uno de los migrantes se negó a cumplir con esta orden y, como consecuencia, fue sometido a agresiones físicas por parte de los patrones, quienes le propinaron golpes y lo maniataron, causándole lesiones en el rostro, el cuero cabelludo y el cuello.

Los tres acusados permanecen en prisión desde el 22 de mayo de 2024, a la espera de que se celebre el juicio, programado para el próximo 5 de noviembre en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas. La Fiscalía exige una condena de ocho años por la vulneración de derechos y dos años adicionales por las agresiones cometidas, reafirmando así la gravedad de estas acciones en el contexto de la crisis migratoria que enfrenta la región.