En una comparecencia ante el Encuentro Informativo de Europa Press en Madrid, el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domíguez, ha reconocido que la disputa jurídica con el Gobierno central sobre el protocolo de menores no acompañados que llegan a las costas canarias comienza cuando se cuestiona si el niño se encuentra en situación de desamparo.

Domínguez explicó que, según el protocolo canario, cuando un menor no acompañado es rescatado en alta mar y llega al puerto, no se encuentra desamparado ya que está bajo la responsabilidad del Estado en ese momento.

Por lo tanto, afirmó que Canarias debe acoger al menor solo en caso de desamparo, lo que ha provocado la controversia jurídica sobre si el niño está o no en desamparo, y que ha llevado al Gobierno central a elevar el protocolo en cuestión al Tribunal Constitucional.

"A partir de aquí veremos lo que decide la justicia. Bueno, ya sabemos lo que decidirá la justicia", comentó Domínguez en referencia a la posibilidad de que el TC se pronuncie a favor de las tesis del Gobierno central.

El vicepresidente quiso ilustrar cómo se recibían a los menores en Canarias hasta hace poco, detallando el proceso en el que la Policía Nacional distinguía entre menores y adultos una vez en el puerto, para luego listarlos como si fueran mercancía y trasladarlos a centros de acogida a través de una ONG contratada por el Gobierno canario.

En contraste, el protocolo propuesto por el Gobierno canario busca garantizar la seguridad de los menores mediante la identificación, toma de huellas dactilares, obtención de información sobre su origen y destino, todo ello bajo la supervisión de un funcionario público, sin intervención de una ONG.