Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo. La situación del urbanismo en las Islas Canarias se encuentra en el centro del debate tras la reciente propuesta de reforma de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos. Desde Podemos Canarias, la formación ha expresado su rechazo a esta iniciativa, argumentando que abre la puerta a una desregulación urbanística que amenaza tanto el entorno natural como el patrimonio cultural de la región.

En un comunicado oficial, el partido morado ha revelado que ha elaborado un documento de alegaciones en contra de este anteproyecto legislativo. Según su evaluación, la reforma permite la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en suelos rústicos, un cambio que desnaturaliza el modelo territorial que ha caracterizado a las islas durante generaciones.

Asimismo, Podemos ha hecho hincapié en las preocupaciones relacionadas con la reducción de los procedimientos de evaluación ambiental y el acortamiento de los plazos para la participación ciudadana, lo que podría resultar en la aprobación de proyectos urbanísticos sin la supervisión adecuada.

El partido también ha denunciado que los llamados "proyectos de interés insular" funcionan como un atajo para eludir el planeamiento democrático. A pesar de la eliminación de ciertas iniciativas turísticas, esta categoría incluye otras medidas que podrían vulnerar la planificación territorial establecida, permitiendo así nuevos desarrollos que no han pasado por el filtro común.

Nona Perera, responsable de Cultura y Patrimonio de Podemos Canarias, ha calificado esta normativa como un ataque directo a la memoria colectiva y al entorno natural del archipiélago. "Este cambio facilita la erosión de nuestro patrimonio cultural, cediendo ante los intereses turísticos y especulativos, dejando a las comunidades y municipios desprotegidos frente al saqueo de nuestras tradiciones", ha declarado.

Por su parte, Gabriel González, concejal de Unidas Podemos en Adeje y Secretario de Territorio, Sostenibilidad y Turismo del partido, ha alertado que esta reforma establece un modelo de urbanismo irresponsable que favorece a una élite privilegiada. "Transformar las entidades encargadas de la protección ambiental en instancias unipersonales es una invitación a la corrupción y al descontrol", ha afirmado. "Nos encontramos ante un ataque sistemático a la equilibrada gestión del territorio y a los derechos democráticos de los canarios".