Las Palmas de Gran Canaria, 26 de diciembre. Un caso alarmante de maltrato animal ha llevado a la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local a investigar a una pareja, un hombre y una mujer, por su presunto papel en la muerte de un perro debido a la falta de cuidados esenciales.

Según un comunicado emitido por el cuerpo policial, la situación se desató este mes en el barrio de Ciudad del Campo, después de que una vecina se dirigiera a ellos para reportar la preocupante condición de salud del animal. El aviso indicó que el perro presentaba un estado crítico que no podía ignorarse.

La denuncia surgió tras un acercamiento a los dueños del perro, quienes manifestaron su despreocupación por la salud del mismo, evidenciada por su negativa a buscar atención veterinaria urgente. Esta actitud generó la intervención inmediata de las autoridades, quienes se desplazaron al lugar de los hechos.

En la vivienda, los agentes encontraron a un perro de la raza American Bully, considerada potencialmente peligrosa. El animal se encontraba en condiciones deplorables: extremadamente delgado, con falta de energía y sin la capacidad de reaccionar adecuadamente a su entorno. Era evidente que necesitaba ayuda urgente.

Los propietarios, de 40 y 36 años, admitieron la gravedad del estado del perro. Tras una inspección minuciosa, los agentes confirmaron que no se le proporcionaba alimento, agua ni atención médica, lo que llevó a la ominosa decisión de retirarlo de inmediato para salvaguardar su bienestar.

El animal fue trasladado a una clínica veterinaria a través del servicio municipal de Salud Pública. A pesar de recibir tratamiento especializado desde el primer instante y estar bajo cuidados continuos, lamentablemente, su salud ya estaba demasiado comprometida y falleció cuatro días después de su llegada.

La Policía Local ha tomado medidas firmes en este caso, realizando la recopilación de informes veterinarios, citando a testigos y a los implicados para que brinden sus versiones en las instalaciones policiales. El proceso ha iniciado diligencias por un posible delito de maltrato animal que, además del sufrimiento infligido al animal, conlleva la grave consecuencia de su muerte. Este tipo de delitos está sancionado con penas de prisión de hasta dos años y la prohibición de tener animales durante un periodo que puede extenderse hasta cuatro años.