La Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a 16 personas en diferentes provincias de España por su presunta participación en el tráfico de sustancias anabolizantes ilegales, además de tener vinculación con movimientos ultras de fútbol de carácter violento. De los 16 detenidos, 13 de ellos fueron capturados en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Según se ha podido saber, el pasado mes de abril de 2020, agentes de la Policía recibieron información acerca de un presunto tráfico de sustancias anabolizantes hormonales que se estaría realizando desde Bulgaria y Portugal hacia España. A raíz de dicha investigación, se logró constatar que el receptor de los paquetes tenía relación con estos grupos de fútbol de ideología radical.

De acuerdo con la Policía, la organización recibía los anabolizantes hormonales que eran enviados a España desde países como Portugal, Bulgaria o Reino Unido. Una vez en España, dos células de la organización, desde Madrid y La Coruña, recibían estas sustancias y las remitían a Canarias mediante paquetería postal, intentando eludir los controles fronterizos y utilizando a terceras personas.

En total, la organización habría importado una cantidad superior a los 90 kilos de anabolizantes, lo que según la Policía, proporcionaba a sus miembros ingentes beneficios que sustentaban el alto nivel de vida.

Fruto de la investigación, se detuvo el pasado 22 de marzo a estas 16 personas y se realizaron 12 registros simultáneos en las provincias de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Madrid y La Coruña, donde se incautaron 250.000 dosis de anabolizantes, otras sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, material informático y documentación.

Los detenidos pasaron a disposición judicial de los diversos partidos judiciales afectados, siendo la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Coslada (Madrid) la que entiende la causa. La organización delictiva se encargaba de la distribución y venta de anabolizantes ilegales, lo que supone un riesgo importante para la salud de las personas y un delito muy grave contra la salud pública básica.