En un importante giro judicial, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha fallado a favor de ATAN, una asociación ecologista, en relación a la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del controvertido proyecto de la pista de velocidad en el Parque Internacional del Motor. La sentencia fue emitida el 10 de noviembre de 2025 y estima así el recurso presentado por la organización contra la resolución del Cabildo de Tenerife.

La decisión del tribunal se produce tras una resolución del órgano insular emitida el 27 de enero de 2023, donde se aprobaba el proyecto mencionado. Esta resolución fue publicada oficialmente el 8 de febrero de 2023, pero ahora ha sido invalidada por la justicia, marcando un hito en la lucha por la conservación ambiental en la isla.

El colectivo ecologista ha destacado en su comunicado que esta es la cuarta sentencia en la serie de procesos que el Cabildo dividió para abordar la aprobación del proyecto. De las cuatro, tres han sido favorables a ATAN, lo que evidencia un patrón de irregularidades en la tramitación del proyecto destinado a afectar el entorno natural de Tenerife.

En su análisis, ATAN subraya que el tribunal respalda su argumento de que la DIA de 2011 había caducado, dado que las obras nunca comenzaron en el plazo estipulado de doce años, lo que la normativa de evaluación ambiental considera motivo suficiente para su anulación. Esta decisión judicial deja clara la falta de cumplimiento por parte de las autoridades locales en cuanto a la legislación ambiental vigente.

Además, la sentencia también apoya a ATAN en su postura de que las obras del proyecto contradicen las disposiciones de la Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas, lo que añade una capa más de complejidad legal y ambiental al asunto.

Los ecologistas han manifestado su preocupación por cómo, a pesar de los reveses judiciales y de los daños evidentes al entorno natural, el Cabildo sigue adelante con la ejecución de este proyecto. Esta actitud se interpreta como un intento de legitimar las obras a través de la consumación, sin considerar las graves implicaciones para el patrimonio cultural y natural de la isla, lo que manifiesta un preocupante desprecio hacia el bienestar común.

ATAN también recuerda que, antes de que se aprobara el proyecto, algunos funcionarios del Cabildo advirtieron sobre la caducidad de la declaración de impacto ambiental. Sin embargo, esas alertas fueron ignoradas por los responsables políticos y la comisión de evaluación insular, lo que pone de relieve una posible falta de diligencia en la gestión pública de los recursos y del medio ambiente en Tenerife.