En una jornada histórica, el Parlamento de Canarias ha dado un paso crucial al constituir la comisión de investigación sobre los contratos sanitarios suscritos durante la pandemia. Esta iniciativa, promovida por los grupos Nacionalista, Popular y Vox, fue aprobada por unanimidad en un Pleno de la Cámara el pasado mes de marzo, demostrando un compromiso por la transparencia y la rendición de cuentas.

La comisión de investigación estará liderada por el diputado del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), con Gustavo Santana (PSOE) como vicepresidente y Luz Reverón (PP) como secretaria. Con un total de 17 diputados de los siete grupos de la Cámara, se extenderá por un máximo de seis meses, con la posibilidad de prorrogarla otros cuatro meses más para garantizar un análisis exhaustivo.

En declaraciones recientes, Acosta ha destacado la importancia de esta comisión para la ciudadanía canaria, enfatizando la necesidad de buscar la verdad y evitar debates políticos estériles. El objetivo es analizar las decisiones tomadas durante la pandemia, identificar posibles errores y tomar medidas correctivas para prevenir situaciones similares en el futuro.

El presidente de la comisión ha instado a los grupos a presentar sus propuestas de comparecientes y solicitudes de información en un plazo de una semana, con el fin de elaborar un plan de trabajo detallado. Se prevé que algunas sesiones se realicen en horarios vespertinos para adaptarse al calendario de reuniones ya establecido.

Con 21 comisiones constituidas en el Parlamento de Canarias, esta nueva investigación se sumará a los esfuerzos por garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, ha expresado su deseo de que este proceso se lleve a cabo con serenidad y lejos de la agitación política que caracteriza a otras instituciones del país.

Entre los temas que se espera que aborde la comisión se encuentran el llamado 'caso mascarillas', en el que el Servicio Canario de Salud realizó un pago de cuatro millones de euros por un millón de mascarillas falsas que no llegaron a ser entregadas. Asimismo, se investigará la adjudicación de hasta 12,2 millones en material sanitario a una empresa vinculada al 'caso Koldo', así como un presunto fraude fiscal relacionado con la compra de material sanitario por valor de más de 22 millones de euros.