En un importante desarrollo en Gran Canaria, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto con Eduardo Álamo, director general de Gestiona Mogán, han elevado una solicitud al Gobierno canario para que implemente medidas correctivas inmediatas en relación a la recién aprobada Ley de Ordenación Sostenible de Uso Turísticos de Viviendas. Esta ley, ratificada por el Parlamento el pasado 12 de noviembre, ha generado inquietud en los pequeños propietarios y autoridades locales debido a su complejidad y exigencias.

La preocupación central radica en que la normativa impone requisitos que se consideran "inasumibles" para los pequeños propietarios y representa una carga administrativa excesiva para los ayuntamientos. Según Bueno y Álamo, los municipios tendrán que asumir responsabilidades que no han sido gestionadas por el Gobierno regional ni por los cabildos en la última década, lo que podría provocar un colapso en los servicios municipales.

Además, los líderes locales subrayan la urgencia de tomar medidas correctivas. Sin estas, advierten que se podría poner fin a las Viviendas Vacacionales (VV) en el archipiélago. En un comunicado, el Ayuntamiento de Mogán enfatizó la necesidad de aclarar aspectos de la normativa que resultan confusos y generan inseguridad jurídica entre propietarios y ayuntamientos.

En este sentido, la nueva regulación obliga a los ayuntamientos a clasificar y controlar las VV como actividades, una categorización que consideran inapropiada y que no ha tenido un precepto claro en el pasado. Esta falta de claridad ha dejado a los propietarios en una situación indefensa, sin inspecciones adecuadas que regulen su funcionamiento.

Por otro lado, Bueno afirmó que no existe un marco legal que permita clasificar las VV de la manera establecida por la nueva ley, respaldándose en informes técnicos que argumentan que este tipo de alojamientos no presenta los mismos riesgos que hoteles u otros establecimientos turísticos. La mayoría de estas viviendas serían, de hecho, comparables a un arrendamiento temporal, lo que plantea serias dudas sobre su clasificación como actividad económica.

La alcaldesa también criticó que la ley impone a los municipios desarrollar planes de inspección y control que deben ser implementados en un corto plazo, a pesar de que el Gobierno canario y los cabildos no han exigido previamente a los propietarios que cumplir con esos requisitos. Además, resaltó que la normativa convierte a los ayuntamientos en los responsables de controlar y emitir licencias, pero con un marco que puede resultarles adverso.

Esta estructura legal, según Bueno, podría llevar a una serie de litigios ante denegaciones de licencias que no son responsabilidad directa de los municipios, sino del incumplimiento de las exigencias estatales. Los pequeños propietarios se enfrentarían a un riesgo real de pérdida de licencias si no logran adaptarse a los complejos requisitos que la nueva ley impone.

Las preocupaciones se amplían al mencionar que la interpretación de la ley puede variar entre cabildos y ayuntamientos, lo que arriesga generar situaciones injustas. Es posible que una VV aceptada en un municipio pueda ser denegada en otro, a pesar de tener condiciones idénticas.

La alcaldesa también advirtió sobre el impacto económico que enfrentan los pequeños propietarios, quienes tendrían que realizar inversiones significativas para adaptar sus viviendas a estándares que podrían no ser viables en un escaso lapso de tiempo.

Ante este panorama, Bueno ha propuesto que se incorpore a la ley una Disposición Transitoria que permita un plazo de seis meses para definir de manera clara los requisitos aplicables a las VV. También aboga por la suspensión temporal de la verificación de actividades hasta que dichos lineamientos sean formalizados.

Asimismo, la alcaldesa ha planteado dos alternativas legislativas: la primera sería modificar un decreto existente para clasificar las VV como actividades no clasificadas; la segunda, ajustar el reglamento pertinente para incluir las VV en categorías de actividades exentas, similar a lo que ocurre con hoteles y apartamentos turísticos.

Con un enfoque claro, Bueno reiteró que si estas propuestas no son consideradas, la ley podría ser un golpe fatal para las viviendas vacacionales en Canarias, afectando a miles de familias que dependen de esta actividad para complementar sus ingresos y generando caos administrativo, en lo que parecería beneficiar a las grandes corporaciones hoteleras.

Finalmente, la alcaldesa de Mogán también recordó que existe la opción de interponer un recurso de inconstitucionalidad respecto a la nueva normativa, aunque se limita a ciertas figuras del ámbito político, poniendo de manifiesto la complejidad del proceso y la necesidad urgente de un debate más abierto sobre este asunto.