El sindicato ANPE ha reportado un alarmante aumento en la conflictividad escolar, con su servicio 'El Defensor del Profesor' atendiendo a 171 educadores en el último año escolar, una cifra que no solo marca la tasa más alta en casi dos décadas, sino que también refleja un incremento sostenido que se ha intensificado en los últimos cinco años.

Según el informe, los problemas se concentran principalmente en la etapa de Secundaria, donde se registró el 55% de los casos. Las dificultades para mantener un ambiente de aprendizaje, las amenazas y los faltas de respeto son las principales quejas que enfrentan los docentes a diario.

Domingo Rodríguez, coordinador del ‘Defensor del Profesor’ a nivel autonómico, advierte que, aunque estos números no reflejan una situación generalizada en todo el sistema educativo, son indicativos de una tendencia alarmante que se está consolidando en nuestras aulas.

“La escalada de la conflictividad escolar es palpable; cada año los incidentes son más complejos y su impacto sobre los docentes es cada vez más significativo”, subraya Rodríguez con preocupación.

El informe también destaca un notable incremento de agresiones físicas por parte de alumnos y un aumento en los casos de ciberacoso que afectan al profesorado, una realidad que se ha hecho más visible en este último curso.

Asimismo, se ha observado un aumento del 18% en los incidentes en el nivel de Primaria en comparación con el curso anterior, donde los problemas están relacionados mayormente con la interacción entre padres y educadores. Las denuncias infundadas y las presiones para alterar calificaciones se han vuelto más comunes, así como las agresiones por parte de familiares del alumnado.

El impacto de estos episodios no es solo administrativo; el estado emocional de los docentes se resiente seriamente. Más de la mitad de los educadores atendidos ha experimentado síntomas de ansiedad, y un 15% ha enfrentado episodios de depresión. Además, un 26% de ellos se ha visto obligado a tomar bajas médicas debido a la conflictividad escolar.

Rodríguez enfatiza que estos datos evidencian un problema significativo en la salud laboral de los docentes, una realidad que exige atención inmediata.

Entre las causas que contribuyen a deteriorar el ambiente escolar, Rodríguez apunta a las altas ratios de alumnos por docente, que dificultan la atención individualizada y la gestión de la convivencia. A esto se suma la sobrecarga burocrática, que desvía el enfoque del trabajo educativo y genera un estrés constante, así como la falta de personal de apoyo, sobre todo en áreas de orientación educativa y administración.

Además, resalta que la ausencia de reconocimiento social y institucional del rol del docente exacerba aún más el descontento en la profesión.

Ante esta preocupante situación, ANPE Canarias demanda a las autoridades educativas una respuesta “enérgica” que incluya la ampliación de las plantillas docentes y la reducción de las ratios para favorecer una enseñanza de calidad. También exigen la simplificación de los trámites burocráticos que agobian al profesorado y piden una mejor dotación de recursos en los centros, especialmente en cuanto a orientadores y personal de apoyo.

Por último, abogan por que los problemas de salud mental asociados a la conflictividad escolar sean reconocidos como enfermedades laborales y que se garantice un acceso rápido y eficaz a servicios de apoyo psicológico y asistencia jurídica.

Rodríguez concluye subrayando que “sin unas condiciones laborales adecuadas, suficientes recursos y un respaldo institucional contundente, no se puede esperar una convivencia escolar positiva ni una educación de calidad. Los docentes no pueden enfrentarse solos a situaciones tan gravosas”.