Este 12 de diciembre, en Santa Cruz de Tenerife, se llevó a cabo una manifestación significativa de la organización Asamblea7Islas y la Plataforma de Residencias Públicas y Dignas para Mayores y Discapacitados. Ambos colectivos hicieron entrega en el Parlamento de Canarias de más de 13.000 firmas, reclamando al gobierno regional que tome medidas urgentes para atender a los más de 500 pacientes que, a pesar de tener el alta médica, permanecen en los hospitales del archipiélago.

Durante su intervención en la comisión de Bienestar Social, los representantes de estas plataformas expusieron que el costo de mantener a estos pacientes en hospitales asciende a aproximadamente 135 millones de euros anuales. Este fenómeno, que ha alcanzado proporciones alarmantes, requiere de soluciones inmediatas que prioricen la construcción de nuevas plazas sociosanitarias, ya sea en residencias, centros de día o unidades de media estancia.

Entre las propuestas que se presentaron, se destacó la necesidad de implementar un plan de transición hospitalaria que incluya protocolos claros para la derivación de pacientes, la creación de unidades de cuidados prolongados dentro de los hospitales y un impulso a la atención domiciliaria integral. También se hizo hincapié en la importancia de mejorar la coordinación entre diferentes administraciones para abordar esta crisis.

Octavio Sánchez, portavoz de Asamblea7Islas, subrayó el "impacto financiero devastador" que tiene la permanencia de estos pacientes en hospitales, describiéndolo como un "problema crónico" que se ha agravado con el tiempo. Afirmó que, en el pasado, era raro encontrar a personas ocupando camas en Urgencias durante tanto tiempo, lo que señala un deterioro en la atención a la dependencia.

Sánchez también expresó su preocupación por el entorno en el que se encuentran estos pacientes, en muchos casos recluidos en habitaciones de hospital, sin la estimulación que necesitan, lo que puede llevar a un aislamiento extremo durante meses o incluso años. Describió la situación como "triste", haciendo énfasis en el sufrimiento de quienes están en esta posición y el efecto que tiene sobre el personal sanitario, que se siente impotente ante esta realidad.

La crítica de Sánchez se extendió a la gestión del Gobierno canario en materia de Bienestar Social, que, según él, ha fracasado en proporcionar el apoyo necesario a las familias para que puedan cuidar de sus seres queridos en el hogar. “Sin residencias públicas ni centros de día, las familias se ven desbordadas”, argumentó, destacando que esta situación es el resultado de unas políticas que no favorecen a quienes más lo necesitan.

Por su parte, María Rosa Pulido, portavoz de la Plataforma de Residencias Públicas y Dignas, denunció la "negligencia" de las instituciones frente a la atención a personas dependientes. Mencionó que la lista de espera para atención por dependencia ha alcanzado ya las 25.000 personas, y que solo este año, más de 2.000 han perdido la vida sin recibir la asistencia necesaria, con 15.000 más esperando por una evaluación.

Pulido también criticó los esfuerzos del Gobierno para “desinstitucionalizar” la atención a la dependencia, señalando que muchos hogares no están adaptados y que la teleasistencia no se encuentra activada. En particular, mencionó la ineficiencia de algunas empresas en Gran Canaria, donde, a pesar de contar con residencias terminadas desde 2024, estas permanecen cerradas a la espera de un convenio de dependencia.