En el transcurso de una sesión en el Senado el pasado martes, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, reafirmó su compromiso con la "continuidad y estabilidad" de la unidad número 8 de 'antidisturbios' del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, ubicada en Tenerife.

Esta declaración se produjo en respuesta a una interpelación del Partido Popular (PP), que había manifestado preocupación sobre la posible eliminación de dicha unidad, la cual sostiene a 102 agentes y sus familias. Marlaska fue contundente al afirmar que desde junio de 2018, bajo el liderazgo de su Gobierno, se ha asegurado no solo la permanencia del GRS 8, sino también la de otras unidades en las Islas Canarias y el resto del país.

El ministro destacó que, en comparación con el periodo bajo el gobierno del PP, actualmente existe un incremento del 15% en la plantilla policial en Canarias, lo que se traduce en 1.000 agentes adicionales. Además, relacionó este aumento con la disminución de la tasa de criminalidad en el archipiélago, que se encuentra por debajo de la media nacional.

La inquietud sobre la posible eliminación de la unidad de Tenerife llevó a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y al propio Gobierno canario a solicitar aclaraciones al Ministerio del Interior, subrayando la importancia de esta unidad para la seguridad en la región.

En una parte distinta del debate, el PP acusó a Marlaska de actuar con "deshonor" en relación a sus decisiones que afectaron a varios mandos de la Guardia Civil, haciendo referencia a los casos de figuras como Manuel Sánchez Corbí, Diego Pérez de los Cobos y Daniel Baena. Sin embargo, el ministro no se quedó callado ante estas críticas.

Marlaska defendió su postura recordando su experiencia como juez en la lucha contra ETA y devolvió la acusación al PP, resaltando que ellos fueron quienes no actuaron con honor en el pasado, alude a lo que se conoce como la "policía patriótica" y la "destrucción de pruebas" que se dio en esos tiempos sombríos.