En un giro inesperado en el ámbito judicial, la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado una sentencia que exime de responsabilidad penal a un grupo de 15 directivos vinculados a las empresas Emalsa, Saur y Valoriza-Sacyr. Estos líderes empresariales habían sido acusados por el Ministerio Público y varias denuncias populares, representadas por el comité de empresa de Emalsa y la asociación cívica "El sol sale para todos", de presuntas irregularidades en su gestión financiera, incluyendo apropiación indebida y administración desleal.

El caso en cuestión, que se remonta a un presunto desfalco de más de 23 millones de euros entre 2008 y 2012, dio lugar a una investigación que inició en 2013. Tras casi una década de indagaciones y procedimientos legales, el veredicto ha puesto fin a una larga espera para todos los implicados.

Según la sentencia, que se extiende a lo largo de 144 páginas y fue comunicada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), no se ha demostrado que hubiera una malversación de fondos por parte de los directivos. La resolución aclara que las actuaciones de los ejecutivos en cuestión estaban alineadas con los estatutos sociales de Emalsa, particularmente en lo que se refiere a las compensaciones que debían recibir por servicios prestados a la compañía.

En términos más concretos, el tribunal determinó que las facturas emitidas por Saur y Valoriza durante el periodo investigado correspondían a gastos legítimos, tales como salarios y costes de seguridad social de empleados que trabajaban para Emalsa, ya sea de forma exclusiva o colaborando con la gestión de la empresa.

La conclusión del tribunal reafirma la presunción de inocencia de los acusados, tal como se establece en el artículo 24 de la Constitución Española. De esta manera, se ha decidido absolver a los directivos de las acusaciones que pendían sobre ellos.

No obstante, la Fiscalía de Las Palmas, en su denuncia inicial, había apuntado a posibles irregularidades en la forma en que Emalsa gestionaba sus contratos, sugiriendo que existían violaciones a la Ley 31/2007 sobre procedimientos de contratación en ciertos sectores. El Ministerio Público argumentaba que ciertos acuerdos con SERCANARIAS, una empresa asociada a Saur, perjudicaron económicamente a Emalsa, beneficiando exclusivamente a sus socios privados, quienes detentan una posición mayoritaria en la compañía.

Por otro lado, la denuncia también cuestionaba el alquiler de las oficinas de Emalsa, sugiriendo que representaba un conflicto de intereses, dado que el presidente de SATOCAN, un accionista de Sacyr y miembro del consejo de administración de Emalsa, podría estar beneficiándose de este acuerdo a expensas de la empresa pública.

Finalmente, el Ministerio Fiscal expresó su preocupación por las remuneraciones que recibían los gestores de Emalsa, todos ellos elegidos entre los representantes de los socios privados. El Ministerio indicaba que algunas de estas compensaciones podrían haber sido injustificadas y por ende consideradas indebidas, creando un ambiente de sospecha alrededor de los contratos firmados entre Emalsa y sus socios.