Los órganos judiciales de Canarias han registrado la tasa más alta del país de demandas de disolución matrimonial en el tercer trimestre de 2023, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Esta situación se mantiene desde diciembre de 2019.

En dicho periodo, se registraron un total de 1.147 demandas de separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales en los juzgados civiles de Canarias, lo que supone un ligero descenso del 0,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, esta cifra implica una tasa de 51,8 rupturas de matrimonio por cada 100.000 habitantes, la más alta de España en ese periodo. Le siguen la Comunidad Valenciana con una tasa de 49,2 y La Rioja con 47,5.

A nivel nacional, la media de rupturas matrimoniales fue de 40,8 por cada 100.000 habitantes, 14 puntos por debajo de la media canaria. La comunidad con la tasa más baja fue el País Vasco con 33,2.

A nivel nacional, las demandas de disolución matrimonial se mantuvieron estables en el tercer trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior, con un incremento del 0,5% en el número total de demandas registradas.

En cuanto a las demandas de divorcio, las presentadas de mutuo acuerdo disminuyeron un 0,2%, mientras que los divorcios no consensuados aumentaron un 1,5% en comparación con el año anterior.

En el caso de las demandas de separación, las no consensuadas se redujeron un 6,3%, mientras que las consensuadas aumentaron un 6,7%. Las demandas de nulidad fueron un 17,6% inferiores en comparación con el tercer trimestre de 2022.

Si se relaciona el número total de demandas de disolución matrimonial con la población, se observa que Canarias, Comunidad Valenciana y La Rioja presentan las tasas más altas por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, el País Vasco, Castilla y León, Madrid y Navarra cuentan con las tasas más bajas.

Además, se registraron 4.664 demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, lo que supone un aumento del 5% en comparación con el año anterior. Por otro lado, las demandas no consensuadas fueron 5.724, un incremento del 4,3%.

En cuanto a las modificaciones de medidas, las consensuadas experimentaron un aumento del 7,4% y las no consensuadas un 2,5% en comparación con el año anterior, con un total de 2.699 y 6.542 demandas, respectivamente.