Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado un acuerdo histórico este miércoles sobre el Pacto de Migración y Asilo. Este acuerdo tiene como objetivo reformar la política común de migración de la Unión Europea y brindar un mayor control de las fronteras exteriores, al mismo tiempo que ofrece a los gobiernos una "solidaridad a la carta" que les permitirá evitar la acogida de migrantes reubicados ofreciendo alternativas como el pago de una compensación por el traslado rechazado.

"¡Éxito! Después de años de estancamiento político, hemos llegado a un acuerdo", anunció Jeroen Lenaers, uno de los eurodiputados del equipo de negociación, quien también destacó que las negociaciones se llevaron a cabo durante toda la madrugada. Este acuerdo abarca nueve expedientes que conforman el Pacto y que incluyen aspectos clave como el refuerzo del control fronterizo y la identificación de los migrantes hasta que se resuelva su situación de asilo o expulsión.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expresó en un comunicado en redes sociales que el 20 de diciembre de 2023 será recordado en la historia, ya que se ha logrado un acuerdo fundamental para la gestión migratoria y del asilo en la Unión Europea. Metsola también se mostró orgullosa de que el Pacto de Migración y Asilo haya logrado ofrecer soluciones.

Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la migración, celebró el acuerdo como un punto de inflexión en los cinco pilares clave del Pacto. Sin embargo, señaló que aún se requiere trabajo técnico en las próximas semanas para finalizar los detalles del acuerdo político.

Después de años de difíciles negociaciones entre los Estados miembros, finalmente se ha alcanzado un equilibrio entre la "solidaridad" con los países en primera línea, como España e Italia, y la "responsabilidad" que se les exige a los demás socios para prevenir los movimientos secundarios.

La solución propuesta es un mecanismo de "solidaridad flexible", que obligará a los Estados miembros a responder cuando un país se vea desbordado por la llegada de migrantes. Esto puede implicar la reubicación de parte de las personas llegadas en territorio nacional o bien el pago de una compensación tasada por cada migrante rechazado.

El objetivo es trasladar al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países tendrán la opción de negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación económica. Por cada traslado rechazado, podrán recibir una compensación de 20.000 euros o medios y fondos equivalentes.

El modelo de "solidaridad a la carta" también se aplicará en situaciones de crisis o fuerza mayor, donde el Parlamento Europeo y países como España e Italia inicialmente defendieron sin éxito la implementación de un sistema obligatorio de cuotas de acogida que solo se active en casos extremos.

Uno de los principales obstáculos que retrasaron el acuerdo fue la protección de los grupos más vulnerables, incluidos los menores no acompañados y las familias, durante los procedimientos acelerados en frontera. También se resolvieron las diferencias en la última ronda sobre el reglamento para el control previo de entrada, estableciendo medidas para identificar rápidamente a aquellos que no recibirán protección, al mismo tiempo que se garantiza que no se produzca discriminación en el proceso de control dentro del territorio de la UE.