La UE aprueba el Pacto de Migración y Asilo: Mayor control fronterizo y solidaridad selectiva.

Bruselas, 20 Dic.

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado un acuerdo histórico sobre el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común y establecerá un mayor control en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Este acuerdo ofrecerá a los gobiernos una forma de solidaridad flexible que les permitirá evitar la acogida de migrantes reubicados, brindando alternativas como el pago de una compensación por el traslado rechazado.

El eurodiputado democristiano holandés, Jeroen Lenaers, quien formó parte del equipo de negociación, expresó su satisfacción diciendo: "¡Es un éxito! Después de años de estancamiento político, finalmente hemos llegado a un acuerdo". Tras una larga noche de negociaciones, se logró consensuar los nueve expedientes que componen el Pacto, abarcando diferentes aspectos que van desde el refuerzo del control fronterizo hasta la identificación de los migrantes, así como la concesión de asilo o la decisión de expulsión de cada individuo.

Las nuevas reglas, aún pendientes de aprobación por parte del pleno de la Eurocámara y de los estados miembros de la UE, ponen fin a años de difíciles negociaciones entre los países miembros para lograr un equilibrio entre la "solidaridad" con los países ubicados en las fronteras exteriores, como España e Italia, y la "responsabilidad" que se les reclama a los otros países miembros, que temen el llamado efecto de atracción de migrantes.

La solución finalmente alcanzada es un mecanismo de "solidaridad flexible" que obligará a los estados miembros a responder a las necesidades de un país miembro que se vea desbordado por la llegada de migrantes, ya sea reubicando a parte de ellos en su territorio o pagando una compensación establecida por cada migrante rechazado.

El objetivo del Pacto es trasladar al menos 30.000 migrantes cada año, aunque los países miembros podrán negarse a acoger a parte de ellos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado, o mediante el uso de recursos o fondos de valor equivalente.

Este enfoque de "solidaridad a la carta" también se aplicará en situaciones de crisis o fuerza mayor, donde el Parlamento Europeo y países como España e Italia inicialmente abogaron sin éxito por un sistema obligatorio de cuotas de acogida que solo se activaría en circunstancias extremas.

Uno de los principales desafíos a los que se enfrentaron los negociadores fue la protección de los grupos más vulnerables, incluidos los menores no acompañados y las familias, durante los procedimientos acelerados en las fronteras, que incluirán deportaciones rápidas para aquellos que no obtengan el estatus de refugiado y provengan de países considerados seguros.