24h Canarias.

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La Fiscalía no encuentra pruebas contra el PSOE en el caso Mediador y permite que el partido lo acuse.

La Fiscalía no encuentra pruebas contra el PSOE en el caso Mediador y permite que el partido lo acuse.

La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado que el Partido Socialista de España (PSOE) ejerza la acusación popular en el conocido como 'caso Mediador'. Esto se debe a que, según la institución, no hay indicios de que el partido esté involucrado en la presunta trama corrupta liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, también conocido como 'Tito Berni'.

El Partido Popular (PP), que también ejerce la acusación, había solicitado que el PSOE fuera apartado del caso, ya que uno de sus exdiputados figura como el principal investigado. Además, el PP advertía de que el PSOE podría acabar siendo responsable civil a título lucrativo. Sin embargo, la Fiscalía se ha opuesto a esta petición en su recurso de reforma.

La Audiencia Provincial de Tenerife resolverá si las diversas acusaciones actuarán por separado o de manera unificada. Hasta ahora, la jueza del caso había aceptado a todas las partes con la obligación de actuar como una sola, con el fin de evitar dilaciones indebidas en las pesquisas. Las tres formaciones políticas y las dos asociaciones han solicitado que se les permita actuar por separado, ya que aseguran no tener intereses coincidentes en esta causa. El Ministerio Público se ha pronunciado a favor de la decisión de la jueza de acordar una acusación unificada.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife continúa investigando el caso. Recientemente, ha pedido al coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas que aporte documentos relativos a las inspecciones que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) realizó a varias ganaderías y queserías desde 2019 y hasta la actualidad. Esto se debe a que el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte, conocido como 'el Mediador', habría controlado el SEPRONA para influir en explotaciones ganaderas y obtener beneficios económicos ilícitos.

La juez también ha ordenado a la Brigada Provincial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que recaben cualquier otra información y documentación que consideren necesaria para la investigación.