En un nuevo desarrollo en la crisis de la recepción de menores migrantes no acompañados en Canarias, la fiscal superior de la región, María Farnés Martínez Frigola, ha emitido un decreto que podría poner al Ejecutivo canario bajo escrutinio. En este documento, se instruye a los fiscales del archipiélago a actuar en caso de que la Dirección General de Protección de la Infancia y de la Adolescencia se niegue a acoger a los niños y jóvenes que llegan en patera a las islas.

Según el decreto, los fiscales de guardia en las Secciones de Menores y Trata de Personas y Extranjería de las fiscalías provinciales de Canarias deberán recibir comunicación de cualquier Fuerza o Cuerpo de Seguridad del Estado que informe sobre la negativa de la Dirección General de Protección de la Infancia y de la Adolescencia a la acogida de un menor extranjero no acompañado. En ese caso, se exigirá que el menor sea acogido de inmediato en el centro de protección que se indique.

Además, se ordena que el fiscal de guardia proporcione las medidas de protección necesarias al menor hasta que sea recogido por la dirección general o se le indique el centro de acogida, o bien sea entregado a la Policía Autonómica Canaria. En este último caso, se controlará el tiempo que el menor pase en las dependencias policiales.

Se solicita también un informe detallado de las circunstancias personales del menor extranjero no acompañado, así como de su llegada y estado de salud. Se deberá identificar a las personas de la Dirección General de Protección de la Infancia que indiquen la falta de capacidad de acogida, de acuerdo con el protocolo publicado recientemente.

Finalmente, se establece que los fiscales de Trata de Personas y Extranjería deben iniciar una investigación por posible delito de abandono de menores, sin perjuicio de otros delitos que puedan surgir durante la investigación.