María Farnés, la Fiscal Superior de Canarias, ha expresado su indignación al reclamar "lo mismo" de todos los años: más medios, personal e instalaciones dignas en Tenerife y Fuerteventura.

En la presentación de la memoria correspondiente a 2022 ante la comisión parlamentaria de Gobernación, Justicia y Seguridad, la fiscal ha hecho hincapié en la necesidad de proporcionar más recursos y una estructura estable para atender a los migrantes que llegan al archipiélago y poner fin a los "parches".

Farnés señala que la inmigración en Canarias no es algo excepcional, sino que ocurre de manera constante. Ella no entiende por qué se sigue improvisando después de las crisis de los cayucos en 2006 y los años 2020 y 2021.

Aunque admite que el repunte de septiembre y octubre "ha tomado por sorpresa" a todos, ahora considera que todas las instituciones deben organizarse para resolver los casos lo más rápido posible.

Para lograrlo, se ha nombrado una fiscal delegada autonómica que se reunirá con la Dirección General del Menor y la Policía Nacional para agilizar los trámites.

María Farnés solicita la creación de instalaciones adecuadas y permanentes, ya que considera que con un volumen tan grande de llegadas, la Policía Nacional no da abasto y no pueden investigar casos de trata de personas ni a los patrones de las embarcaciones.

La fiscal ve la situación de la migración en el archipiélago como "preocupante" a nivel organizativo, legal y humano. También ha advertido de la generalización en las solicitudes de asilo, excepto entre los migrantes marroquíes que son más reacios.

Ha pedido evaluar la inmigración como un problema general que requiere más recursos en los hospitales, por ejemplo, para determinar la edad de los presuntos menores. Además, ha destacado los serios problemas con la documentación de las personas procedentes de Gambia, Senegal y Malí.

La Fiscal Superior también afirma que no existen datos que indiquen un aumento en los delitos como consecuencia de la llegada de migrantes.

Al igual que el año pasado, María Farnés exige un aumento de personal y también de las instalaciones. El año pasado llegaron dos fiscales nuevos, pero no había suficiente espacio físico para que pudieran trabajar.

La fiscal exige que en Santa Cruz de Tenerife se construya un Palacio de Justicia similar al de Las Palmas de Gran Canaria. Además, destaca la situación crítica en Fuerteventura, donde la Fiscalía tiene sus servicios en un garaje sin luz natural, ventilación, con humedades y aguas fecales, y sin aire acondicionado.

Farnés comenta que se planteó presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Sanidad, pero considera que el caso está en vías de solución, ya que se están buscando locales en la capital de la isla. Sin embargo, la construcción del nuevo Palacio de Justicia está paralizada por cuestiones administrativas.

La situación es similar en San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, donde dos fiscales tuvieron que trasladar su actividad al Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria debido a la falta de espacio.

María Farnés hace un llamado a recibir ayuda para cumplir con los ciudadanos, pero enfatiza que no puede seguir pidiendo lo mismo todos los años. Destaca la necesidad de fortalecer los cuerpos de Medicina Legal y Forense, así como contar con más peritos especializados en Urbanismo y Medio Ambiente.

La Fiscal Superior destaca que el año pasado se llevaron a cabo casi 145,000 procedimientos en la provincia de Las Palmas, un 20% del total. Esto se debe al sistema de guardias de 24 horas, que duplica el registro de casos.

También destaca el aumento de las sentencias de conformidad (+ 84.8%) gracias a la actividad de los juzgados de guardia. Además, resalta el incremento de los juicios por delitos leves, lo que entorpece el trabajo de los juzgados de primera instancia. Por ello, considera necesario promover la mediación como una solución para descongestionar los juzgados.

La Fiscal Superior informa que se han examinado más de 300 sentencias en aplicación de la ley del "solo sí es sí", lo que resultó en 28 reducciones de penas, 14 en cada provincia, y un total de cuatro excarcelaciones.

Farnés destaca el problema de la tardanza y la falta de calidad en los informes psicosociales, los cuales dejan en un limbo los regímenes de visitas para personas involucradas en causas judiciales por violencia de género. Señala que se necesitan informes para determinar qué régimen de visitas se puede establecer y resalta la importancia de velar por el bienestar de los menores.

También destaca la necesidad de contar con profesionales adicionales, como psicólogos y enfermeros, para proteger a los menores y garantizar su bienestar.

En cuanto a la violencia de género, la fiscal señala que la oficina de víctimas, que se estableció como obligatoria en 2021, no está funcionando. Considera fundamental potenciar la educación entre los jóvenes para prevenir este tipo de violencia.

María Farnés menciona específicamente el caso del asesinato de Romina Celeste en Lanzarote, donde el asesino fue puesto en libertad porque el juicio no pudo llevarse a cabo a tiempo. Aunque reconoce que fue un caso complejo debido a la falta de pruebas y medios, considera que su enjuiciamiento fue un fracaso y que estos casos deben resolverse antes de que finalice el periodo de prisión provisional.

La Fiscal Superior también advierte que ha habido un aumento de los abandonos de menores debido a situaciones económicas precarias y la falta de vivienda, que lleva a muchas familias a vivir en la calle o como ocupantes ilegales. Esta situación ha generado comportamientos violentos.

Además, solicita la creación de instalaciones adecuadas para los menores con trastorno del espectro autista (TEA) que requieren internamiento y alerta sobre el aumento de la violencia en el ámbito familiar y el acoso escolar a través de las redes sociales.

También destaca el aumento de la ciberdelincuencia, especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con estafas y otros delitos relacionados con el patrimonio, las drogas y el sexting. También hace hincapié en la vulnerabilidad de los mayores extranjeros residentes en las islas.

María Farnés también se refiere a la situación del centro penitenciario Tenerife II, que considera que debe mejorar en aspectos como la limpieza, la calefacción y la eliminación de humedades. También destaca la necesidad de aumentar la videovigilancia y cubrir la plantilla, ya que actualmente falta un 25%, es decir, 115 plazas, muchas de ellas en el ámbito sanitario y cuando muchos internos están medicados debido a trastornos mentales.