En un informe presentado por la Fiscalía Superior de Canarias se ha revelado que un total de 24 menores migrantes no acompañados que llegaron a las islas en septiembre no recibieron una acogida inmediata en un centro de acogida y pasaron entre uno y tres días en dependencias policiales.
La Fiscalía reconoce la alta presión migratoria que ha sufrido el archipiélago desde 2019, especialmente en la isla de El Hierro, y que se intensificó en 2023. Se destaca que la responsabilidad de la asistencia social de estos menores recae en las comunidades autónomas, según el artículo 147.2 del Estatuto de Autonomía y la ley canaria de atención al menor, y debe ser realizada de manera inmediata debido a su vulnerabilidad por ser menores, extranjeros y solos.
En este sentido, se critica el acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias del pasado dos de septiembre que instruyó a las ONG a no recibir a los menores sin autorización previa de la comunidad autónoma, lo que causó un retraso injustificado en la atención a estos jóvenes.
La Fiscalía detalla casos específicos, como el de 18 menores entre 12 y 17 años que llegaron a El Hierro el 20 de septiembre y no fueron recogidos por la Policía Canaria hasta más de un día después. En Lanzarote se reportaron cuatro casos de menores que tampoco fueron atendidos a pesar de tener comunicación con la Dirección General de Protección de la Infancia y las Familias, al igual que en Fuerteventura con otros dos casos.
Ante estas situaciones, la Fiscalía afirma que la medida adoptada por el Gobierno regional está afectando gravemente a este grupo especialmente vulnerable, por lo que respalda su suspensión para garantizar una atención inmediata y adecuada a los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias.
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