La empresa Soluciones de Gestión, relacionada con Víctor de Aldama, quien está bajo investigación en el controvertido 'caso Koldo', ha expresado sus quejas al antiguo asesor de Transportes, Koldo García, durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Según sus declaraciones, el Servicio Canario de Salud (SCS) no comunicó hasta dos meses después que unas mascarillas que habían suministrado no eran aptas para su uso, lo cual, sostienen, podría haber generado pérdidas significativas para ellos como pequeña y mediana empresa (PYME). Además, argumentan que el material podría haber sido redirigido a otras entidades que las necesitaban urgentemente.

Esta información se encuentra en las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha presentado un informe a la Audiencia Nacional en el contexto del mencionado caso, donde se investiga una transacción de 12 millones de euros de material sanitario adquirida por Canarias a Soluciones de Gestión, en el centro del escándalo de las mascarillas. Dicha información incluye un correo enviado por Íñigo Rotaeche, representante de Soluciones de Gestión, a Koldo García, fechado el 22 de julio de 2020, donde se discuten los problemas con los pedidos.

En su correo, Rotaeche comunicó a Koldo los detalles de una misiva del SCS donde se mencionaban varios modelos de mascarillas catalogadas como “no aptas”, defendiendo al mismo tiempo la calidad de los productos que su empresa había suministrado. Sin embargo, expresó su frustración por la falta de información concreta sobre el modelo en cuestión, lo que complicaba la identificación de las mascarillas problemáticas.

El empresario consideró alarmante que la negativa sobre el segundo pedido se comunicara dos meses después de que estos productos fueran entregados. En su opinión, esta falta de comunicación oportuna no solo afecta a su empresa, sino que también contraviene las prácticas adecuadas en situaciones de emergencia, donde las incidencias deben ser notificadas de inmediato para prevenir daños mayores.

A su vez, mencionó que se había mantenido en contacto con Antonio Olivera, el exviceconsejero de la Presidencia y director del SCS, quien según la UCO, había garantizado la compra de las mascarillas en medio de la incertidumbre sobre su validez y calidad. La conexión entre Soluciones de Gestión y el gobierno canario ha sido objeto de investigación, ya que se ha señalado que la propuesta de contratación se originó desde el Ministerio de Transportes.

Adicionalmente, otro documento revelado muestra que al día siguiente del correo a Koldo, Rotaeche se dirigió a Ana María Pérez, la directora general de Recursos Económicos del SCS, para responder a una consulta sobre dos pedidos anteriores de mascarillas. En su respuesta, criticó el uso de un “informe genérico” que no mencionaba a su empresa, argumentando que esto dificultaba la identificación de los productos cuestionados.

La firma insistió en que todas las mascarillas entregadas cumplían con el estándar KN95 y que ningún otro cliente, incluyendo otros organismos públicos, había rechazado sus suministros. Aseguró que, hasta la fecha, habían entregado más de 20 millones de mascarillas sin problemas, lo que contrasta con las afirmaciones de inadecuación por parte del SCS.

Soluciones de Gestión también expresó su preocupación por los pagos pendientes por parte de la administración, indicando que no habían recibido el pago anticipado necesario, a pesar de sus esfuerzos por cumplir con los requerimientos urgentes de la situación sanitaria. La empresa cuestionó la tardanza en la evaluación de sus productos, argumentando que afectaba su capacidad de respuesta y ocasionaba "grandes perjuicios económicos” tras la alerta sanitaria inicial.

El SCS, por su parte, continuó planteando dudas sobre la idoneidad de algunos envíos, catalogando uno de los lotes como "non medical" e insistiendo en la falta de información técnica adecuada para asegurar su seguridad y efectividad. Esta incertidumbre ha llevado a la paralización de algunos pagos mientras se terminaba de evaluar los suministros iniciales.

El conflicto y la controversia en torno a la compra de mascarillas durante los momentos más críticos de la pandemia resaltan la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de adquisición y evaluación de material sanitario en situaciones de emergencia. Las empresas involucradas, por su parte, claman por una resolución justa y clara de las controversias surgidas en torno a estos suministros vitales.