La Diputación del Común ha informado que tomará medidas por el desalojo de un edificio inacabado en Costa del Silencio, Arona, donde residían 90 familias y 210 personas, incluyendo menores, embarazadas y personas de edad avanzada.

El desalojo se llevó a cabo sin incidentes, pero con un fuerte despliegue de seguridad por el riesgo de derrumbe del edificio, que tiene más de 30 años, según informes municipales.

Se solicitará información al Ayuntamiento y al Instituto Canario de la Vivienda sobre medidas para garantizar los derechos de las personas afectadas que ahora no tienen un lugar donde vivir.

Los afectados, que solo contaban con el edificio 'Chasna' como opción, se quejan de la falta de respuestas de las instituciones y de las largas listas de espera para viviendas públicas, temiendo quedarse en la calle.

Se pudieron ver pancartas con mensajes dirigidos a la alcaldesa y demandando soluciones habitacionales, así como el apoyo del PSOE de Tenerife para los afectados.

El PSOE pide al gobierno insular recursos públicos para ayudar a los desalojados, recordando situaciones anteriores donde se habilitaron espacios públicos para emergencias sociales.

En situaciones como esta, equiparable a emergencias sociales y humanitarias, se deben tomar medidas con prontitud para evitar desenlaces negativos, según la consejera socialista Marián Franquet.

Se destaca la dificultad del mercado de alquiler en el sur de Tenerife, donde los precios son altos y se estigmatiza a personas en situaciones irregulares, complicando aún más la situación de las personas desalojadas.

Se muestra preocupación por los menores desalojados y se alerta sobre la posibilidad de que la intervención pública pueda llevar a la separación de familias por falta de recursos económicos.