LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 de mayo. En un acto de defensa de las fuerzas del orden, la Confederación Española de Policía (CEP) ha expresado su respaldo a la actuación de los agentes nacionales involucrados en un controversial incidente ocurrido el pasado 17 de mayo en el aeropuerto de Gran Canaria. Durante esta intervención, un joven de nacionalidad gambiana perdió la vida tras ser disparado por los policías, quienes alegan que actuaron en legítima defensa ante una amenaza inminente.

Según las declaraciones de la CEP, los disparos se produjeron cuando el joven, armado con un cuchillo de grandes dimensiones, se lanzó contra los efectivos de seguridad. La organización sostiene que los registros en video que circulan en las redes sociales corroboran su versión de los hechos, asegurando que la respuesta de los agentes fue justificada ante una situación de riesgo.

La CEP describe la actuación policial como “impecable” y respalda su proceder bajo el marco normativo que rige en muchas naciones europeas. Sin embargo, el sindicato también ha levantado su voz contra aquellos grupos y personas que, según ellos, intentan desestabilizar el reconocimiento de un trabajo que, enfatizan, se realizó de acuerdo con los protocolos establecidos.

Frente a las acusaciones de homicidio que han surgido, especialmente provenientes de una activista local, la CEP ha calificado estas críticas como “temerarias e irresponsables”. Además, la organización está evaluando la posibilidad de tomar acciones legales contra quienes promuevan este tipo de discursos, recordando que en un Estado de derecho, la responsabilidad de la palabra tiene consecuencias.

Los representantes de la CEP enfatizan que en situaciones donde la vida de un agente y la de los ciudadanos se encuentran en peligro, es su deber utilizar todos los recursos a su disposición para prevenir un desenlace trágico. Esta filosofía, aseguran, es fundamental para mantener la seguridad pública.

Por último, es importante resaltar que en el último año, la provincia de Las Palmas ha registrado un preocupante aumento en el número de agresiones a agentes del orden, alcanzando un récord histórico con 362 delitos reportados por atentados contra la autoridad, lo que representa un incremento del 7,41% respecto al año anterior y casi un 30% más en comparación con 2022. Esta alarmante tendencia subraya la creciente tensión y desafíos que enfrenta la fuerza pública en su función de proteger a la ciudadanía.