En una sorpresiva comparecencia, Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, ha expresado su firme defensa del reciente informe relativo a los contratos sanitarios gestionados durante la pandemia, el cual fue aprobado el pasado mes de noviembre. Este informe ha estado en el centro de la polémica, habiendo sido rechazado previamente en el pleno de la misma institución hace dos años.

Pacheco se ha visto confrontado por representantes de los grupos Socialista y Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), quienes han señalado que el nuevo informe, a su juicio, menoscaba el prestigio de la Audiencia al parecer estar teñido de "intencionalidad política". Estos críticos han argumentado que la posible responsabilidad política sobre el manejo de estos contratos fue provisionalmente archivada por el Tribunal de Cuentas, lo que añaden a la controversia en torno al documento.

El informe revisa un total de 106 contratos, que representan el 62% del importe global, y abarca el periodo de marzo a diciembre de 2020. Pacheco detalla que estos contratos de material sanitario suman un importe cercano a los 81,9 millones de euros, con un alarmante 61% de ellos concentrados en solo cuatro empresas. Entre ellas se encuentran ACJ, Damco, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, e Injoo Technology, reflejando un patrón preocupante en la adjudicación de esos recursos críticos.

Entre los aspectos más controvertidos del informe se incluye la mención de RR7 United, la misma compañía implicada en el sonado 'caso mascarillas', que recibió un pago de cuatro millones de euros por un lote de mascarillas que resultaron ser falsas y que terminaron siendo destruidas. La Audiencia también indica que existen indicios de responsabilidad contable en sus operaciones.

Además de esto, la Audiencia denuncia que en once de los contratos analizados, donde la adjudicación supera los dos millones de euros, no hay registro de autorización al Consejo de Gobierno, contraviniendo lo que estipula el artículo 25 de la Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma. Por si fuera poco, en un alarmante 35 de 106 casos, no se ha encontrado justificación ni para el gasto realizado ni para los procedimientos de emergencia solicitados.

La falta de competitividad en el proceso de contratación también fue criticada por la institución, la cual observa que seis de las empresas contratadas no tenían la capacidad adecuada para operar con el Servicio Canario de Salud (SCS). Se mencionan además 6,5 millones de unidades de material que terminó siendo inutilizable, a pesar de que finalmente se utilizó el 78% de ese material.

Pacheco no ha escatimado en reproches al Gobierno canario, señalando que este no se preocupó por verificar la capacidad de las empresas adjudicatarias ni exigió la solvencia económica, técnica o financiera necesaria para ejecutar los contratos realizados, resaltando que el contexto de emergencia no exime a la administración de cumplir con los requisitos establecidos.

Con el fin de evitar que se repitan situaciones similares en el futuro, la Audiencia ha recomendado establecer un mecanismo más ágil y flexible para la contratación de emergencia en obras, suministros y servicios que superen los dos millones de euros. Pacheco ha instado a la oposición a leer el informe con detenimiento, y ha manifestado su sorpresa ante las críticas desmedidas hacia la institución, insistiendo en que los auditores son seleccionados por los propios grupos parlamentarios.

El presidente ha calificado como “mentira” que el proceso de responsabilidad contable del Tribunal de Cuentas se haya cerrado, destacando que el informe se trata de una herramienta de control y advirtiendo que quienes no estén de acuerdo con su contenido no están obligados a adoptarlo. Pacheco también ha señalado la necesidad de mejorar la transparencia en futuros contratos, admitiendo que se han producido fallos significativos en la información, en buena parte debido a la vorágine que trajo consigo la pandemia.

El tono de las críticas se intensificó con los comentarios de los opositores, quienes cuestionaron la gestión del informe. Raúl Acosta, de AHI, sugirió que se necesita un modelo regulador para abordar "anomalías" en la adquisición de material. Por su parte, Melodie Mendoza, del ASG, reconoció los "grandes esfuerzos" del Gobierno canario para salvaguardar la salud pública durante la crisis sanitaria, aunque aceptó que esto llevó a decisiones apresuradas.

Javier Nieto, de Vox, destacó que el informe de la Audiencia proporciona importantes "luces" sobre la gestión sanitaria en tiempos de crisis. Sin embargo, también advirtió que la evaluación de dicha gestión no debe hacerse sin considerar el contexto excepcional que se vivía. Nieto insistió en que, aunque la situación justificaba decisiones rápidas, no se podía incurrir en violaciones del estado de derecho, que demandan una "ventilación política" y la libertad de señalar errores cometidos.

Las acusaciones de deficiencias en la elaboración del informe fueron reiteradas por Esther González, de NC-BC, quien lo calificó como el peor gestionado en la historia de la Audiencia y enfatizó que la falta de actualizaciones lo desmerece. González subrayó que la admisión de auditorías a contratos ya judicializados, como el caso de RR7 United, es un despropósito que cuestiona la credibilidad del informe.

Fernando Enseñat, del Grupo Popular, defendió la seriedad y rigor del trabajo de la Audiencia, señalando que el informe pone de relieve irregularidades que el anterior Gobierno intentó ocultar. Comentó además que las directrices del comité de emergencia sanitaria estaban llevando a cabo decisiones de compra sin las debidas garantías.

Por su parte, el portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, expresó su desdén hacia las críticas de NC-BC, considerando que eran incapaces de resolver las contradicciones que ellos mismos tienen con respecto a su financiación, tal y como señala el Tribunal de Cuentas. Asimismo, Manuel Hernández, del PSOE, manifestó que la credibilidad de la Audiencia está en entredicho, dado que el informe adolece de múltiples carencias y no refleja hechos recientes relevantes.

Finalmente, la inquietud en torno a la "intencionalidad política" del informe fue evidente, pues varios miembros de la oposición coincidieron en que este documento, a pesar de sus fallos, parece estar diseñado para enviar un mensaje específico en un contexto político en el que la rendición de cuentas es cada vez más crucial para la democracia canaria.