La juez a cargo del 'caso Mediador', María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, está llevando a cabo una investigación en la que se están examinando 170 cuentas corrientes, que representan más de 90.000 movimientos bancarios. Estas cuentas están relacionadas con una presunta trama de corrupción liderada por Juan Bernando Fuentes Curbelo, conocido como 'Tito Berni', exdiputado del PSOE. Según las investigaciones, Berni habría utilizado su posición política para atraer empresarios y recibir dinero a cambio de favores políticos.

En el auto emitido por la juez, se especifica que esta cifra no incluye las cuentas bancarias que forman parte de las piezas declaradas secretas dentro del procedimiento. Además, se detalla que se han recopilado datos sobre sociedades, sus participantes y cambios en los órganos de administración y actividad económica. También se han identificado ingresos y pagos relacionados con el modelo 347, así como los titulares y autorizados de productos financieros vinculados a las principales personas físicas y jurídicas investigadas. Toda esta información ha sido proporcionada por el auxilio judicial, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil y el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife.

La juez destaca el uso de las llamadas "mulas financieras" por parte de la presunta trama de corrupción, por lo que en julio se citó a nuevos investigados. Además de la información bancaria, la juez también menciona que se emitieron mandamientos a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Ganadería de Santa Cruz de Tenerife, en febrero y marzo de este año.

En el marco de la investigación, se ha recopilado una gran cantidad de datos, aproximadamente 2,16TB, de los dispositivos electrónicos utilizados por los principales investigados. Sin embargo, a pesar de las múltiples diligencias solicitadas y los oficios de investigación presentados, aún queda por analizar una gran cantidad de material y documentación, la mayoría de las cuales fueron realizadas después del levantamiento del secreto de las actuaciones el 14 de febrero.

Por lo tanto, la juez considera que es necesario prorrogar la investigación por seis meses más debido a la complejidad del caso y a la gran cantidad de información que aún se debe analizar.