Un abogado que representa a un grupo de vecinos desalojados del Edificio Chasna en Costa del Silencio reafirma su compromiso en la lucha por la dignidad de sus clientes. Esta declaración surge a raíz del desalojo forzoso ocurrido el 12 de marzo de 2024, y que, según los afectados, fue un abuso de poder del sistema judicial.

Los desalojos, que afectaron a alrededor de 210 personas de 44 viviendas en los bloques 8 y 10 del edificio en cuestión, fueron el resultado de una orden del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Arona. Este edificio, que llevaba casi 50 años en estado de abandono por problemas estructurales, ha provocado una gran indignación en la comunidad, especialmente entre familias con mujeres embarazadas, personas mayores y con discapacidades.

Gabriel Morales, el abogado del grupo, ha enfatizado la intención de presentar una querella para exigir responsabilidades por lo que consideran un procedimiento judicial defectuoso. Según él, no se respetaron las garantías y el debido proceso en la ejecución de este desalojo, que afectó a una población vulnerable de manera alarmante.

Morales también subraya que el fallo judicial aludía a un bloque específico para el desalojo, que era el Chasna 10, mientras que el desalojo se realizó en un área más amplia del complejo, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de las acciones emprendidas por los funcionarios involucrados.

El abogado manifiesta que la forma en que se notificó el desalojo fue igualmente cuestionable, ya que muchos se enteraron a través de un aviso colocado en la puerta, emitido por la procuradora de la parte opuesta, en lugar de por un funcionario judicial. Esta falta de respeto por la pluralidad de los afectados es otro punto crítico en su argumentación.

El ámbito político también ha jugado un papel crucial en este caso. Morales señala que durante el proceso judicial se bloquearon deliberadamente los empadronamientos, obstaculizando así el acceso a ayudas económicas que de otro modo habrían beneficiado a varias familias en situación precaria.

Por su parte, Eloy Outerial, uno de los desalojados, relata que un año después del desalojo, el Edificio Chasna ha sido nuevamente ocupado. Observa que, tras la retirada del dispositivo de seguridad inicial, el lugar fue vandalizado, revelando la fragilidad de las medidas implementadas para proteger la propiedad.

Outerial, que sobrevivió a la experiencia de vivir en el edificio por necesidad, critica la ineficacia del despliegue de seguridad durante el desalojo, señalando que no impidió que la situación se repitiera. La falta de acción para asegurar la propiedad después de su desalojo solo reitera el abandono que sienten por parte del Estado.

Algunos vecinos lograron acceder a asistencia económica temporal post-desalojo, pero esta ayuda fue limitada y no perduró en el tiempo, dejando a muchos de sus antiguos residentes a la deriva. Eloy refleja el dolor de sentirse desamparado en un momento tan crítico de su vida, al igual que muchas otras personas que enfrentan la misma suerte.

La experiencia de Eloy, quien actualmente vive en un trastero debido a la falta de vivienda asequible en la zona, pone de manifiesto la incapacidad del sistema para resolver las necesidades habitacionales de una comunidad que continúa en crisis. Él critica la falta de respuesta de las autoridades locales frente a una problemática que agobia a muchos, mientras se resiste a declarar el área como una zona tensionada.