En Santa Cruz de Tenerife, el empresario Íñigo Rotaetxe, representante de Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, ha decidido no declarar ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario en la pandemia. Esta decisión se debe a que se encuentra bajo investigación, tal como ya ocurrió en el Parlamento balear en mayo.

Rotaetxe, acompañado por su abogado, se ha negado a responder a las preguntas de los siete grupos parlamentarios con el fin de no interferir en su situación legal. Se le acusa de delitos como organización criminal, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Al final de la sesión, el empresario agradeció a los grupos parlamentarios por su interés y esfuerzo al realizar preguntas, pero mantuvo su postura de no declarar.

El presidente de la comisión, el diputado de AHI Raúl Acosta, defendió el derecho constitucional de Rotaetxe a guardar silencio. Solicitó a los grupos realizar preguntas precisas y tuvo que llamar la atención a diputados por cuestionar la decisión del compareciente de no intervenir.

Uno de los diputados reprochó a Rotaetxe su negativa a declarar, argumentando que esta actitud denota temor y no colaboración en esclarecer la verdad. Afirmó que el silencio quizás oculta posibles contradicciones futuras.

Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas obtuvo tres contratos por un total de casi 12 millones de euros para la compra de material sanitario en Canarias durante la pandemia, además de otro contrato de más de 447.000 euros para fletes aéreos. Sin embargo, el Gobierno canario solo realizó el pago por las mascarillas que cumplían con los estándares requeridos por los técnicos del SCS.

La próxima semana, la comisión de investigación continuará con las comparecencias de Kevin Sánchez, propietario de Yimbo 7 Inversiones SL, empresa implicada en el 'caso mascarillas', y Carlos Sánchez Muñoz, CEO de ACJ SAU, uno de los proveedores sanitarios principales del Gobierno canario.