La plataforma 'Canarias tiene un límite' ha tomado la decisión de posponer la manifestación que estaba programada para este sábado en el corazón del Parque Nacional del Teide, específicamente en los icónicos Roques de García. Esta acción tenía como objetivo llamar la atención sobre la creciente masificación y los efectos perjudiciales que la actividad humana está causando en el entorno natural, una situación que consideran insostenible.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación, los convocantes expresaron su frustración al lamentar que han sido forzados a aplazar la protesta debido a lo que describen como una estratagema de la Subdelegación del Gobierno. Según ellos, esta entidad ha establecido como requisito indispensable obtener una autorización del Cabildo para llevar a cabo cualquier evento que implique una concentración significativa de personas, lo que consideran una limitación inadmisible a sus derechos.

La crítica se centra en lo que los colectivos llaman una "interpretación sesgada" del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque, que ellos creen que se ha utilizado de manera injusta para restringir su derecho a la reunión. Añaden que la notificación de esta exigencia llegó con tan poco tiempo antelación que ha hecho imposible la organización de la protesta en la fecha prevista.

En su comunicado, enfatizan que se sienten despojados de sus derechos y marginados por aquellos que, en teoría, deberían protegerlos. Aunque el evento ha sido suspendido temporalmente, los portavoces de la plataforma han dejado claro que no están dispuestos a rendirse y consideran la posibilidad de emprender acciones legales para defender lo que consideran una clara infracción de sus derechos fundamentales.

La organización también ha manifestado su descontento con la decisión de la Subdelegación, a la que acusan de transferir de manera arbitraria la responsabilidad del ejercicio del derecho a reunirse al Cabildo de Tenerife. A su juicio, la presidenta insular, Rosa Dávila, ha actuado de manera poco clara, malinterpretando la resolución de la Subdelegación y desviando el enfoque de la controversia hacia el Gobierno central, en lugar de abordar la crítica ambiental que ha sido planteada.

En un giro irónico, destacan que mientras se les acusa de utilizar el Teide para “guerra ideológica”, es en realidad el Cabildo, a su juicio, quien está utilizando el parque con fines políticos, desviando la atención hacia su propia gestión ambiental. La protesta que se había planificado era, según los organizadores, un gesto pacífico y simbólico, concebido para involucrar a un grupo reducido de personas, contando además con una cuadrilla destinada a garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, un esfuerzo que excede el número de cuidadores que actualmente operan en el área.

Los colectivos subrayan lo contradictorio que es centrar la crítica en una manifestación pacífica, mientras que se permiten actividades masivas que dañan la conservación del parque, como carreras populares y eventos comerciales. Ellos ven esto como una hipocresía profunda, dado que las acciones violan la integridad del entorno natural que se busca proteger.

Además, denuncian la "falta de control" sobre actividades ilegales que se realizan a diario dentro del parque, como acampadas no autorizadas y rutas de vehículos todoterreno, que afectan gravemente su patrimonio natural y geológico. Agregan que el Cabildo tiene "secuestrado" el documento de revisión del PRUG, argumentando que esta inacción es parte de una estrategia política destinada a utilizar el parque como un escaparate turístico y electoral.