El Gobierno de Canarias y los grupos parlamentarios han consolidado su colaboración este martes para asegurar un cambio normativo que garantice la distribución equitativa de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas, a pesar del rechazo de Vox.
El presidente, Fernando Clavijo, ha presentado a los partidos representados en la Cámara autonómica el texto propuesto por el Estado y ha recibido un amplio respaldo a las modificaciones sugeridas por el equipo técnico del Ejecutivo canario para agilizar su implementación.
Tras la reunión en la sede del Parlamento, Clavijo ha agradecido a los grupos parlamentarios que han firmado el Pacto Canario de la Migración --todos excepto Vox-- su cooperación para lograr una modificación normativa que limitará la acogida de menores migrantes en el archipiélago a 3.000.
Una vez alcanzado ese límite, será responsabilidad del Estado distribuir a los menores entre las demás comunidades autónomas "por ley y no de forma voluntaria".
El presidente de Canarias ha destacado la receptividad generalizada de los portavoces hacia esta propuesta, que incluye el compromiso del Gobierno central de ofrecer suficiente financiación para cubrir todos los gastos relacionados con la distribución de menores.
"Ya tenemos un documento definitivo", enfatizó Clavijo, "una propuesta que parecía inalcanzable hace meses y que ahora es una realidad gracias al esfuerzo y diálogo de todos".
No obstante, Clavijo explicó que tanto el Gobierno como la mayoría de los grupos parlamentarios consideran que la propuesta "puede ser mejorada", por lo que los portavoces respaldan los esfuerzos técnicos para finalizar un documento más completo en un plazo máximo de 15 días.
Entre las mejoras que el Ejecutivo autonómico está negociando con el Estado se destaca la solicitud de que el cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería se realice a través de un decreto-ley y no mediante una proposición de ley, como propone el Gobierno. "Creemos que nuestra vía es más rápida y igual de sólida legalmente", explicó el presidente.
Según indicó, la tramitación de una proposición de ley en las Cortes lleva al menos "tres meses", mientras que un decreto-ley entra en vigor de inmediato y solo requiere ser ratificado posteriormente por el Congreso y el Senado.
El presidente del Gobierno autónomo resaltó la importancia de esta celeridad, dado que la llegada del verano podría traer un aumento en la presión migratoria y Canarias necesita aliviar un sistema que actualmente acoge a casi 5.500 menores.
En segundo lugar, Clavijo elogió el total respaldo de los portavoces parlamentarios a la propuesta del Gobierno de Canarias de que el Estado se encargue de asignar a los menores migrantes a cada comunidad autónoma desde el momento de su rescate o llegada a las costas canarias.
El presidente destacó que este sistema garantiza de manera más efectiva los derechos de los menores y evita posibles retrasos en la distribución debido a cuestiones como las pruebas de determinación de la edad.
Fernando Clavijo agradeció a los grupos parlamentarios el trabajo realizado desde la firma del Pacto Canario por la Migración en octubre del año pasado, lo que le permitió negociar con el Estado este cambio legislativo con un claro respaldo de casi toda la Cámara regional.
En la reunión celebrada en el Parlamento este martes, el presidente estuvo acompañado por el vicepresidente Manuel Domínguez, la consejera de Derechos Sociales, Candelaria Delgado, y el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello.
En representación de los grupos parlamentarios participaron Sebastián Franquis (PSOE), José Miguel Barragán (CC), Luz Reverón (PP), Luis Campos (NC-BC), Nicasio Galván (Vox), Casimiro Curbelo (ASG) y Raúl Acosta (AHI).
Franquis respaldó la fórmula de la proposición de ley del Gobierno central al considerarla "más segura", mientras que Galván (Vox) volvió a oponerse a la medida argumentando que ambos gobiernos buscan "distribuir un problema" al resto de la Península.
Según él, esto podría fomentar el "efecto llamada" y enriquecer a las mafias, convirtiéndose en el último tramo del "paquete vacacional del terror".
Asimismo, Galván solicitó más "ayuda en origen" para los países africanos, promover los tratados de repatriación y dejó abierta la posibilidad de presentar recursos ante el Tribunal Constitucional contra el decreto-ley.
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