El Gobierno ha decidido extender el plazo para que las comunidades autónomas actualicen su información sobre la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados, otorgando diez días adicionales para este fin.

En la jornada del lunes, tuvo lugar una Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia, donde se debatió el real decreto-ley recientemente convalidado por el Congreso. A pesar de las expectativas de cambios, el gobierno de Canarias expresó su descontento, sintiendo que se habían retrocedido en sus avances respecto a nuevas propuestas ante un ambiente cargado de tensión.

La reunión, que se extendió por aproximadamente cuatro horas, estuvo marcada por la crítica de las comunidades bajo la administración del Partido Popular, quienes consideraron los criterios establecidos por el Ejecutivo como “arbitrarios y coaccionadores”. A pesar de las negativas, el decreto puede sufrir modificaciones, pero solo si se alcanza un consenso unánime entre las diferentes autonomías.

Los representantes del Partido Popular se quejaron de que en esta Conferencia no se les dio la oportunidad de votar sobre el real decreto, lo que generó más fricciones entre los asistentes.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió la legalidad del decreto argumentando que ya contaba con la ratificación del Congreso y criticó a los representantes del PP por no haber presentado ninguna propuesta para su modificación durante la reunión.

Rego subrayó que el Partido Popular no ofreció ninguna alternativa, y lamentó que el debate no girara en torno a la crisis humanitaria que enfrenta Canarias y Ceuta, situaciones que ella considera prioritarias para el Gobierno.

Además, la ministra insistió en que el real decreto sigue en vigor y operativo, y lamentó la falta de aportaciones durante la Conferencia, ya que los grupos del PP se habían centrado en cuestionar la convocatoria en lugar de contribuir con ideas constructivas.

Finalmente, Rego anunció que este martes se emitirá una solicitud formal a las comunidades autónomas, pidiéndoles que actualicen su capacidad de acogida, una medida que busca fomentar la colaboración y dar respuesta a la actual situación, instando a las comunidades a aportar información relevante dentro del nuevo plazo establecido.

A pesar de las tensiones, la ministra enfatizó la importancia de mantener una relación cooperativa con todas las comunidades, reafirmando que existe la posibilidad de modificar los criterios del decreto siempre que se logre un acuerdo unánime.