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Gobierno y CCAA acuerdan el "rescate humanitario" de 396 menores migrantes no acompañados en Canarias y Ceuta

Gobierno y CCAA acuerdan el

MADRID, 11 Oct.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado por Ione Belarra, ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas para realizar un "traslado solidario" de 396 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta, según ha informado el departamento.

Esta iniciativa se ha discutido en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que tuvo lugar este miércoles, y forma parte del Plan de Respuesta ante la crisis migratoria para menores migrantes 2022-2023, pactado por Derechos Sociales y las comunidades autónomas en 2022.

En términos de distribución por comunidades autónomas, Andalucía (36), Madrid (34), Cataluña (33), Asturias (32), Galicia (28) y Cantabria (26) serán los que más niños acojan. Por otro lado, La Rioja (4) y Baleares (10) recibirán a un número menor de menores. Melilla, por su parte, no acogerá a ningún niño en este reparto.

Además, según ha informado Derechos Sociales, Canarias y Ceuta recibirán financiación para cubrir las plazas de los 23 menores migrantes no acompañados que permanecerán en los territorios, sin haber sido trasladados a ninguna otra comunidad autónoma (21 en Canarias y 2 en Ceuta).

Con este nuevo traslado solidario, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha destinado un total de 70 millones de euros a las comunidades autónomas en 2022 y 2023 para trasladar o acoger a 774 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados procedentes de Canarias y Ceuta (378 en 2022 y 396 en 2023).

Además, dentro de este compromiso, se han incluido por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 una partida específica de 27 millones de euros para apoyar a las comunidades autónomas en la atención a niños y niñas migrantes, lo que permitió el traslado de otros 381 menores desde Canarias y Ceuta.

Previo a esta iniciativa, en 2020 el Ministerio había otorgado a Canarias 10 millones de euros para hacer frente a la crisis migratoria que se produjo ese año.