El Gobierno de Canarias, junto a los Cabildos insulares de la provincia occidental, ha dado un paso significativo hacia la mejora de la atención a personas dependientes. Este viernes se ha firmado el nuevo convenio de Dependencia para el periodo 2025-2028, que cuenta con una inversión superior a los 1.630 millones de euros. Los recursos están destinados a cubrir los costos de los servicios para aquellos que más lo necesitan en la comunidad autónoma, marcando un importante avance en la política social de las Islas.

Durante una rueda de prensa que siguió a la ceremonia de firma, los presidentes insulares Rosa Dávila, Casimiro Curbelo, Alpidio Armas y Sergio Rodríguez, junto a las consejeras de Bienestar Social y Sanidad, Candelaria Delgado y Esther Monzón, así como el presidente Fernando Clavijo, resaltaron la relevancia de este acuerdo, el cual busca ser "un acto de justicia" hacia las organizaciones del tercer sector y a los individuos que dependen de diversos servicios.

El presidente regional, Fernando Clavijo, subrayó la importancia de este convenio al señalar que brindará un marco de estabilidad financiera a los servicios del tercer sector. "Esta justicia social ha sido pedida durante mucho tiempo," afirmó, al tiempo que reconoció que aún persisten retos significativos en términos de plazas y en la infraestructura sociosanitaria de las islas. Adaptarse a la evolución de las demandas sociales y al envejecimiento de la población son cuestiones clave que deberán abordarse con urgencia.

Desde La Palma, su presidente expresó su gratitud por el esfuerzo colectivo que permitió la actualización del convenio, que era necesario desde hace tiempo. A través de este acuerdo, la inversión en servicios sociosanitarios para La Palma alcanzará casi 160 millones de euros, que el Gobierno de Canarias apoyará con un 74% de esta suma, equivalentes a alrededor de 120 millones.

Sergio Rodríguez destacó que este esfuerzo no solo fortalecerá los servicios existentes, sino que también se centrará en promover la autonomía personal de aquellos usuarios de los servicios, además de asegurar un servicio de ayuda a domicilio robusto. La Palma tendrá 1.004 plazas en total, compuestas por 461 diurnas y 543 residenciales.

Por su parte, Casimiro Curbelo, presidente de La Gomera, enfatizó el carácter esperanzador de este convenio, creado a través de un arduo trabajo. "Es una herramienta esencial para atender a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad frente a los desafíos complejos actuales". La Gomera recibirá una inversión de 34 millones de euros, con una contribución del Cabildo de 10,7 millones, y el acuerdo permitirá contar con un total de 236 plazas —64 diurnas y 172 residenciales.

El presidente de El Hierro, Alpidio Armas, también destacó la complejidad del proceso de negociación que llevó a la firma de este convenio, el cual, a su juicio, reafirma el compromiso con la atención social en la isla. Así, se destinarán 18 millones de euros a las necesidades de la infraestructura, con una aportación insular de 4 millones, lo que resultará en un total de 106 plazas, 34 de ellas diurnas y 72 residenciales.

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, celebró este "convenio histórico", recordando que el anterior acuerdo se firmó en 2018. Subrayó el firme compromiso del Ejecutivo regional para lograr este pacto, lo que permitirá en Tenerife una inversión cercana a los 700 millones de euros, de los cuales 202 millones serán aportados por el Cabildo. "Este convenio devuelve la dignidad al tercer sector y a quienes recibirán estos servicios", enfatizó Dávila, pues promete no solo mejorar la atención, sino también ampliar la calidad de los servicios prestados.

Tenerife verá la creación de 5.203 plazas en total bajo este acuerdo, de las cuales 2.337 serán diurnas y 2.866 residenciales, con 269 de estas nuevas en 2025. Clavijo reconoció que persiste un déficit en disponibilidad de plazas y en la infraestructura necesaria para responder a las nuevas exigencias de la sociedad, acentuando la urgencia de avanzar hacia el III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.

Por último, el presidente del Gobierno regional planteó la necesidad de reforma del Fondo del Desarrollo de Canarias (FDCAN) para habilitar un Plan estratégico de diez años que permita destinar parte de esos fondos al desarrollo de infraestructuras. Además, se buscará impulsar la colaboración público-privada para facilitar la creación de nuevas plazas en el ámbito sociosanitario, asegurando así una atención adecuada y digna para todos los ciudadanos canarios.