En un reciente Consejo de Ministros, celebrado el 25 de noviembre en Madrid, se han tomado decisiones significativas para apoyar a los habitantes de La Palma, que aún se recuperan de las devastadoras consecuencias del volcán. El Ejecutivo ha dado el visto bueno a una bonificación del 60% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los ciudadanos de la isla, una medida que busca aliviar la carga económica que enfrentan muchas familias afectadas.

Además, el Gobierno español ha autorizado a la administración de Canarias a destinar 100 millones de euros del superávit autonómico para reparaciones en las fincas agrarias dañadas por la erupción. Este apoyo se verá complementado con compensaciones para aquellos que han perdido sus terrenos debido a la expropiación de tierras, asegurando así que los agricultores puedan volver a levantarse tras esta calamidad.

En otro paso importante, se ha reinstaurado la moratoria en el pago de intereses, préstamos y créditos para quienes han sufrido la pérdida de sus fincas en localidades como El Paso, Llanos de Aridane y Tazacorte. Asimismo, se ha ampliado el plazo de justificación de subvenciones a 12 millones de euros y 3,3 millones para el Cabildo de La Palma, permitiendo que los beneficiarios gestionen su apoyo hasta finales del primer trimestre de 2026.

Estas iniciativas forman parte de lo que se ha denominado el 'decreto canario', un conjunto de medidas en las que el Gobierno y la administración canaria han estado trabajando en los últimos meses a través de diversas reuniones. La aprobación de un decreto ley pone en marcha un proceso que espera mitigar la difícil situación vivida por la comunidad canaria.

Durante la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, subrayó que todas estas medidas se implementarán una vez que el decreto sea ratificado en las Cortes, marcando así un paso adelante en la recuperación de la isla en un momento crítico.