El Gobierno de Canarias ha decidido personarse en el caso de las irregularidades en la gestión de los centros de menores migrantes que dependen de la ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI. El viceconsejero de Presidencia en funciones, Antonio Olivera, ha explicado que la comunidad autónoma se personará como acusación particular, ya que podría haber sido perjudicada en la gestión de fondos públicos.

Olivera ha defendido la transparencia del Gobierno en la adjudicación de los contratos y su colaboración con la Fiscalía, a la que ha remitido toda la información. Ha afirmado también que no se detectó ninguna incidencia en la atención a los menores en las inspecciones realizadas por la Dirección General de Infancia y la secretaría general de la Consejería de Derechos Sociales, así como en las visitas del Diputado del Común, diputados autonómicos y ONG relacionadas con la atención a migrantes.

Sin embargo, el rotativo 'Canarias7' ha informado de que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella en la que ve indicios de una supuesta malversación de fondos públicos a beneficio de directivos de la Fundación. La investigación se centra en tres centros de acogida ubicados en Gran Canaria y dos en Lanzarote y tiene sospechas de que se usó dinero público para fines privados.

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha explicado que se suscribieron muchos contratos de emergencia para atender una situación sobrevenida, con unos 3.000 menores migrantes bajo tutela y en medio del desmantelamiento del sistema de acogida por parte de gobiernos anteriores. Santana ha dejado claro que no ha habido un problema en la atención a los menores migrantes, sino con la gestión de algunos recursos económicos de algunas personas que trabajan para la Fundación.

Por su parte, Antonio Olivera ha comentado que una vez pasada la fase de emergencia, el Gobierno ha licitado los contratos para tener una regulación más adecuada, algo que no se había hecho por falta de recursos económicos hasta que a finales del año pasado se cerró un acuerdo con el Gobierno central por importe de 50 millones de euros.