SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 de octubre. La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha abordado hoy en una rueda de prensa la discusión sobre la relación entre inmigración y criminalidad, un tema que ha cobrado relevancia en las últimas semanas y que ella ha refutado con firmeza al considerar que no hay evidencias que justifiquen tales afirmaciones.

En su comparecencia ante la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia, donde presentó el informe anual correspondiente a 2024, Farnés subrayó la importancia de contar con datos sólidos antes de hacer juicios de valor, enfatizando que el debate actual no puede basarse en opiniones sin fundamento. “No tenemos información que respalde una conexión entre estos dos factores”, afirmó la fiscal.

Este posicionamiento llega tras las declaraciones hechas la semana pasada por Samuel Vázquez, representante de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI y portavoz nacional de Vox, quien acusó a la Fiscalía de manipular estadísticas para minimizar el impacto de la inmigración en la criminalidad. La fiscal respondió a estas críticas reconociendo que la interpretación de los datos es compleja y requiere un análisis exhaustivo.

Farnés también se refirió al incremento del 200% en las agresiones sexuales en Canarias desde 2017, un aumento que coincide con tendencias observadas en otras comunidades. Destacó que la modalidad de contabilización de las agresiones ha cambiado, lo que influye en los datos. “La comparación entre los años debe hacerse con cuidado, ya que los criterios de clasificación han sido ajustados”, explicó.

La fiscal advirtió que, aunque las cifras sugieren un aumento, no se puede determinar con exactitud cuántos de esos delitos son perpetrados por inmigrantes en situación irregular, puesto que la mayoría de los migrantes en Canarias son menores no acompañados que prontamente son trasladados a la península.

En su intervención, Farnés también hizo hincapié en la necesidad de aumentar las inspecciones en los centros que albergan a estos menores, observando que a menudo no se realizan los seguimientos requeridos cada seis meses debido a la falta de irregularidades aprehendidas en visitas anteriores.

Durante su exposición, la fiscal reveló que se han abierto 15 expedientes por delitos cometidos fuera de los centros de menores y otros 12 dentro de ellos, principalmente relacionados con amenazas y agresiones. Sin embargo, subrayó que es esencial no generalizar ni estigmatizar a los jóvenes migrantes sin suficientes pruebas.

El análisis de la Fiscalía también contempló la disminución significativa de las llegadas de inmigrantes irregulares a las costas canarias en comparación con 2024, una tendencia que podría estar conectada a cambios en las rutas migratorias.

Por otro lado, la memoria presentada indica que más de 165.000 procedimientos penales fueron iniciados el año pasado, con un aumento notable en Las Palmas en comparación con Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, también advirtió sobre el empeoramiento de la situación relacionada con delitos sexuales a menores, un fenómeno que requiere atención inmediata y una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

La fiscal también abordó la problemática del tráfico de personas, destacando los esfuerzos para desmantelar redes que engañan a migrantes, así como el trabajo en determinar la edad de los menores en el contexto de la migración. Además, se hizo eco de la creciente preocupación por el bullying escolar y el aumento de menores abandonados debido a crisis económicas y de vivienda.

Farnés concluyó su intervención señalando la necesidad de una adecuada atención a los más vulnerables en la sociedad, pidiendo al Gobierno la intervención necesaria para mejorar la situación de los hospitales que aún albergarían pacientes dados de alta. La fiscal hizo un llamado adicional para que el sistema judicial en Santa Cruz de Tenerife cuente con instalaciones modernas y adecuadas a sus necesidades, destacando las dificultades operativas que enfrentan actualmente.