En una nueva acción de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad Central de Ciberdelincuencia (UCC) de la Policía Nacional, se llevó a cabo una intensa búsqueda de información en la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. La operación, relacionada con el 'caso Mascarillas', se prolongó por más de 12 horas en la mañana del jueves 9 de mayo.

Entre los implicados en esta investigación se encuentra el exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez. Este exfuncionario se negó a declarar ante la Fiscalía Europea el pasado lunes 6 de mayo, en medio de acusaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Domínguez renunció a su cargo en noviembre de 2022, tras dos años de gestión durante el mandato del socialista Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

La investigación se centra en el pago de cuatro millones de euros por anticipado a la empresa RR7 United por mascarillas que nunca llegaron a su destino. Estos productos terminaron siendo destruidos por agentes de Aduanas en el Puerto de La Luz, al detectarse que eran falsificados y provenían de Etiopía.

La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas presentó una querella que llevó al órgano comunitario a investigar a personajes como Domínguez, Rayco González (administrador de RR7) y Ana María Pérez (exdirectora general de Recursos Humanos del SCS), por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y prevaricación respectivamente.