Las Palmas de Gran Canaria, 19 Jul. - El empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha declarado este miércoles en el marco de una investigación por un supuesto fraude de 36,66 millones de euros por parte de Seguridad Integral Canaria. Ramírez ha señalado que esta causa está siendo manipulada por el exjuez Salvador Alba, quien actualmente se encuentra en prisión por prevaricación judicial y falsedad en documento público.

En respuesta a esta situación, tanto la defensa de Ramírez como la del empresario Héctor de Armas han solicitado la nulidad de la actuación, aunque la decisión final dependerá del tribunal. A pesar de esto, Ramírez ha querido dar su testimonio y responder a las preguntas de las partes para desmentir que no paga a nadie.

Durante su declaración, Ramírez explicó que fue propietario de Seguridad Integral Canaria y ejerció como administrador único hasta 2011, momento en el que Héctor de Armas se convirtió en administrador debido a que tenía más empresas.

En cuanto al pago realizado a los empleados como dieta, Ramírez afirmó que era un segundo ingreso para evitar que los trabajadores tuvieran que pagar de su propio salario los gastos de kilometraje. Este pago se realizaba alrededor del día 15 de cada mes.

Según Ramírez, en el caso de la seguridad privada es fácil controlar las dietas y el kilometraje, ya que los contratos especifican los horarios, los servicios a realizar y las ubicaciones, lo que genera el kilometraje y la dieta. El seguimiento de estas cuestiones se realizaba mediante un cuadrante que hasta 2011 se llevaba a cabo de manera rudimentaria.

Toda esta información fue puesta a disposición de la juez Victoria Rosell en el momento en que declaró en la causa, pero según Ramírez, ella indicó que no necesitaba esa documentación.

En relación a las declaraciones de los inspectores de Hacienda sobre las deducciones por dieta, Ramírez afirmó que han dejado claro que se devenga una dieta sin necesidad de justificación. Según él, si la empresa declara que un trabajador recibió dieta y kilometraje, es porque realmente los recibió.

El empresario defendió que Seguridad Integral Canaria entregó toda la documentación requerida por la Agencia Tributaria. Además, señaló que dicha agencia tiene los medios necesarios para verificar cualquier aspecto de cualquier persona, por lo que no era necesario llevar este caso a los tribunales, como ocurrió hace seis meses con otra de sus empresas, Ralons Servicios, que finalmente fue sobreseída tras una serie de comprobaciones.

Según Ramírez, cuando el exjuez Alba se hizo cargo de este caso, su principal preocupación eran los contratos de publicidad que tenía con la pareja de Rosell, lo que ha llevado a que esta causa se haya visto afectada. Él afirmó que lo que le importaba menos era la investigación en sí.

El empresario insistió en que tiene derecho a que no se manipule un procedimiento y afirmó que es mentira que no pague a nadie, ya que la Seguridad Social lleva diez años inspeccionando su empresa.

También destacó que toda la información se encuentra en el sistema informático que Seguridad Integral Canaria empezó a utilizar a partir del momento en que Héctor de Armas se convirtió en administrador, y aseguró que las horas extras se pagaban mediante transferencia bancaria.

Por último, Ramírez afirmó que, de no resolverse esta situación, Seguridad Integral Canaria sería una de las principales empresas de seguridad privada, ya que cuenta con unos 5.000 trabajadores y contratos en varios puntos de España, así como en Miami o Cabo Verde, entre otros lugares.

La denuncia inicial fue presentada por el sindicato USO en marzo de 2013, y en ella se argumentaba que en los años 2008 y 2009 se pagaban horas extras como dietas. Según la Fiscalía, existen indicios de que esto podría haber continuado en los años 2010, 2011, 2012 e incluso 2013.

El empresario se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 21 años y seis meses de prisión, así como una multa de hasta 105 millones de euros, por cinco presuntos delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social.

Por su parte, la Fiscalía también solicita una pena de 14 años de prisión y una multa de 79,3 millones de euros para Héctor de Armas, exadministrador de Seguridad Integral Canaria, por tres presuntos delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.

El fraude supuestamente ocurrió entre los años 2009 y 2013 en el caso de Ramírez, y entre 2011 y 2017 en el caso de Armas.