El 4 de diciembre en Madrid, se ha llevado a cabo un evento significativo que marca una nueva fase en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Aunque se ha oficializado la reactivación de las aduanas de Ceuta y Melilla, se ha dejado de lado la discusión sobre dos temas cruciales: la delimitación de las aguas territoriales frente a Canarias y la gestión del espacio aéreo en el Sáhara Occidental.

En la XIII Reunión de Alto Nivel, presidida por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, se ha presentado una extensa declaración conjunta que abarca 119 puntos y catorce acuerdos variados. No obstante, sorprendentemente, solo se menciona brevemente la cuestión de las aduanas en el punto 61 de este documento.

El punto en cuestión hace referencia a la hoja de ruta acordada en abril de 2022, la cual se firmó tras la visita de Sánchez a Rabat donde se buscó resolver una crisis diplomática generada por la acogida del líder del Polisario en España. En esta hoja de ruta, se establecía que la normalización en el movimiento de personas y mercancías se efectuaría de manera ordenada, con el adecuado control aduanero tanto terrestre como marítimo.

El acuerdo de este año resultó en la reapertura de la aduana de Melilla, cerrada unilateralmente por Marruecos en 2018, y la apertura de una nueva aduana en Ceuta. El Gobierno español interpretó este gesto como un reconocimiento de la soberanía española sobre estas ciudades, que en Marruecos son a menudo referidas como "territorios ocupados".

Pese a varias interrupciones y pruebas piloto, los cruces en ambas aduanas se han reanudado parcialmente desde principios de año, aunque el tráfico de mercancías ha sido escaso y sufrió parones durante la Operación Paso del Estrecho. Empresarios de las dos ciudades han expresado su frustración, señalando que aunque técnicamente están abiertas desde septiembre, las aduanas no operan con la seguridad y efectividad necesarias para realizar operaciones de comercio exterior.

En la cumbre, ambas naciones han proclamado el éxito de la apertura al tráfico aduanero, insinuando que no existen problemas por resolver en su operación, un argumento que contrasta con la realidad de los comerciantes locales que buscan mayor seguridad jurídica. En su declaración, ambos gobiernos se han comprometido a mejorar la cooperación entre sus administraciones aduaneras, buscando compartir experiencias y conocimientos técnicos.

Sin embargo, la declaración no aborda en ningún momento la compleja cuestión de la delimitación de las aguas territoriales ni el manejo del espacio aéreo en el Sáhara Occidental. Estas dos problemáticas son de particular preocupación para Canarias, especialmente la primera, dado que la definición de aguas marroquíes puede interferir con las españolas y la gestión del espacio aéreo saharaui continúa bajo control español, a pesar de la histórica descolonización de la región.

El Gobierno canario ha expresado inquietudes sobre posibles concesiones hechas a Marruecos que puedan afectar a sus intereses. Su presidente, Fernando Clavijo, había solicitado explícitamente la inclusión de representantes canarios en la reunión, pero su petición no fue atendida, lo que considera inaceptable.

La inquietud de que el Gobierno español esté cediendo ante Marruecos se vio alimentada por un artículo de un medio pro-monárquico español que sugería que un acuerdo sobre la delimitación de aguas y una zona submarina rica en minerales podría ser beneficioso para ambas naciones. Este mensaje se interpretó en la prensa marroquí como un indicativo de las ambiciones de Rabat y su interés en el espacio aéreo, algo que sigue sin resolverse en el contexto actual.