En Santa Cruz de Tenerife, el 20 de marzo, se congregaron presidentes de los Cabildos, representantes de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y diversas organizaciones sociales, quienes expresaron su apoyo unánime al reciente real decreto ley que reforma la Ley de Extranjería. Esta normativa habilita el traslado obligatorio de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas, marcando un hito importante en la atención a este colectivo vulnerable.

El presidente canario, Fernando Clavijo, enfatizó la importancia del acuerdo alcanzado durante la reunión, señalando que, aunque se celebran los avances, aún queda un arduo camino por recorrer. "Todos somos conscientes de que esto es solo el comienzo; debemos implementar el decreto y establecer procedimientos adecuados, ya que es un fenómeno que se presenta como estructural", destacó Clavijo al término del encuentro.

El presidente también expresó su gratitud hacia el tercer sector, así como a los cabildos y municipios de las Islas Canarias, por su compromiso y esfuerzo durante los últimos 18 meses en la lucha por esta modificación legislativa, que permitirá una atención más coordinada y efectiva a los menores migrantes.

Rosa Dávila, presidenta de la Federación Canaria de Islas (Fecai), celebró la implementación del real decreto, enfatizando que permitirá la atención y distribución de menores en todo el territorio español de manera más equitativa. “Hoy damos un paso hacia la protección de los derechos de estos menores, organizando su distribución de manera solidaria”, afirmó Dávila, quien destacó el ambiente de colaboración que ha reinado en la reunión.

La presidenta de FECAM, Mari Brito, también se unió a la celebración, reconociendo el esfuerzo conjunto del Gobierno de Canarias, del Gobierno estatal y de los diversos departamentos involucrados, resaltando que esta noticia es un gran alivio para los municipios. Según Brito, los líderes locales han estado a la altura de los desafíos, colaborando con el Gobierno para garantizar recursos para acoger a migrantes, tanto adultos como menores, y facilitando su integración en la comunidad.

Desde la perspectiva de las organizaciones no gubernamentales, Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR Canarias, subrayó el rol crucial del Gobierno canario en este proceso, considerándolo una prioridad legislativa. “La unidad de acción ha sido fundamental, con el apoyo de casi todos los partidos políticos y de las instituciones locales”, agregó.

Lorenzo también destacó que este decreto representa un avance significativo hacia la formulación de una política migratoria permanente y equitativa, necesaria para garantizar los derechos de los niños migrantes. “Con un sistema que descongestione la realidad actual, podremos atender a los menores con más eficacia y justicia”, argumentó, expresando su confianza en que este marco legislativo facilite una gestión más responsable y armónica entre las distintas comunidades del Estado español.