SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 de abril. En un paso significativo hacia la protección de los derechos de las mujeres y los menores, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido instar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Justicia y al Gobierno de Canarias a crear diez nuevas plazas judiciales. Este esfuerzo está enfocado en combatir la violencia de género y la violencia contra la infancia y la adolescencia, estableciendo seis puestos para abordar la violencia machista y cuatro para la protección de los menores.

Durante una reunión celebrada el pasado viernes, la Sala de Gobierno del TSJC respaldó un informe detallado por la Comisión de Estudio sobre la implementación de la Ley de Eficiencia. Esta ley, que comenzará a aplicarse de manera gradual entre julio y diciembre de 2025, prevé la creación de tribunales de instancia. Entre las solicitudes del TSJC figura la incorporación de una nueva plaza en la sección de violencia de género del futuro Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, junto con varias incorporaciones en Santa Cruz de Tenerife, Arona y Arrecife, para fortalecer la atención a estas materias cruciales.

Además, la Sala propone establecer una nueva sección dedicada a la violencia contra la mujer en La Orotava, que se extendería por el partido judicial de Icod de los Vinos. Esta medida pretende consolidar la comarcalización de la atención a la violencia de género en la isla de Tenerife, reflejando un compromiso claro por parte del TSJC en la lucha contra estas violencias.

Con relación a la violencia infantil y juvenil, el TSJC ha pedido la creación de una nueva plaza en la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, así como una sección específica para la violencia contra la infancia que abarque toda la isla de Gran Canaria. Esta sección se formaría a partir de la transformación de una plaza existente, demostrando un enfoque proactivo en la protección de los más vulnerables.

En el caso de Tenerife, se sugiere establecer otra sección dedicada a la violencia contra la infancia, que se ubicaría en uno de los tribunales locales. Es imperativo que esta nueva estructura cuente con los recursos necesarios, equiparando su capacidad a la del actual Juzgado de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria, resaltando la importancia de una adecuada atención judicial en este ámbito.

Asimismo, el TSJC enfatiza la necesidad de que, una vez que se formalice la nueva sección de violencia sobre la mujer en Arrecife, esta también se ocupe de los asuntos relacionados con la violencia contra la infancia y la adolescencia, promoviendo un enfoque integral en la gestión de estos casos delicados.

Propuestas similares se han planteado para La Palma, donde se sugiere que las plazas judiciales existentes asuman responsabilidades tanto en violencia de género como en violencia infantil, garantizando un abordaje coordinado y eficaz en ambos frentes.

El TSJC no solo aboga por más plazas, sino también por adecuaciones en las instalaciones judiciales y un incremento del personal necesario para responder adecuadamente a estas nuevas demandas. Esto incluye asegurar que las víctimas no se vean obligadas a enfrentarse a sus agresores en el entorno judicial, lo cual es vital para una justicia sensible y respetuosa.

Particularmente, se destaca la situación crítica de los juzgados de violencia sobre la mujer en Santa Cruz de Tenerife, donde las condiciones actuales son alarmantes y requieren atención inmediata. Este llamado a la acción no solo es urgente, sino esencial para garantizar la protección de quienes más lo necesitan.

Por último, la Sala de Gobierno ha presentado un claro mensaje al Ministerio de Justicia para que se doten de manera efectiva las secciones y plazas que se están solicitando, con el fin de establecer un sistema judicial que priorice la atención a víctimas de violencia y garantice un tratamiento especializado en estos casos.