LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 de noviembre. La situación política en Las Palmas de Gran Canaria se vuelve más tensa tras el desarrollo del conocido caso ‘Valka’, que ha llevado al Juzgado de Instrucción Número 2 a realizar una importante ampliación en las investigaciones. Este miércoles, el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, solicitó la comparecencia de la concejala del Ayuntamiento, Inmaculada Medina, del PSOE, así como del jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines.

El juez ha decidido citarlos como investigados por ser presuntos responsables de varios delitos graves, entre ellos la malversación de fondos públicos, agravada por un perjuicio que excede los 250.000 euros. Además, se les imputa falsedad documental, prevaricación administrativa y fraude a la administración.

En esta misma línea, la empresa Guerra Patrimonial FGG S.L. ha sido incluida en la investigación como persona jurídica, enfrentándose a posibles imputaciones por cohecho y malversación de caudales, también con un perjuicio significativo. Varios funcionarios del Ayuntamiento serán convocados a testificar como parte del proceso.

La trama bajo escrutinio se centra en el Área de Parques y Jardines entre 2015 y 2022, donde se sospecha que se desviaron fondos públicos a través de prácticas fraudulentas como la creación de "facturas falsas" y sobrecostes desmesurados, que llegaron a superar el 70% de los gastos reales, todo ello sin la debida supervisión técnica.

Según los hallazgos del fiscal, se manipularon los pliegos de condiciones técnicas de los contratos para establecer un marco que permitiese la sustracción de dinero público, con la complicidad de funcionarios y políticos del municipio. Esta situación ha llevado al Ministerio Fiscal a solicitar que se tomen declaraciones testimoniales de los nuevos responsables del Ayuntamiento, así como la concejala Gemma Martínez Soliño.

Asimismo, el fiscal ha presentado acciones civiles y penales en nombre del Ayuntamiento como entidad afectada directamente. Esto incluye una posible prohibición de contratar a la empresa Guerra Patrimonial FGG S.L. en base a la Ley de Contratos del Sector Público debido a las irregularidades mencionadas.

Los documentos judiciales indican que el técnico a cargo del área comprometido en esta trama jugó un papel clave en la elaboración de las condiciones de los contratos, inflando artificialmente el volumen de suministro de agua. Este acto facilitó que se autorizaran facturas exageradas, ignorando por completo los controles a los que debían someterse según la legislación.

Además, se menciona que este técnico distribuyó varias certificaciones mensuales sin validar las lecturas de los contadores ni comprobar la efectividad del servicio, lo que dio lugar a un aparente respaldo legal para el pago de facturas infladas, perjudicando así al erario municipal.

La concejala Inmaculada Medina, quien estuvo al frente del área durante el periodo en cuestión, es acusada de aprobar formalmente todas las resoluciones administrativas que sustentaron el fraude, lo que permitió que se llevaran a cabo pagos sin el control técnico adecuado.

Se destaca que la reiteración de estas prácticas a lo largo de más de siete años, a pesar de las alarmantes señales de la falta de supervisión, sugiere un nivel de colaboración entre los técnicos y los contratistas para mantener estas prácticas corruptas.

En conclusión, la empresa Guerra Patrimonial FGG S.L. enfrenta acusaciones por presentar facturas engañosas basadas en volúmenes de consumo no verificados. La coincidencia de las malas prácticas ha reforzado la percepción de culpabilidad de los actores involucrados en este controvertido caso.

Finalmente, desde diciembre de 2022, la administración local ha comenzado a exigir un control riguroso sobre la facturación, lo que ha producido una reducción drástica en los montos cobrados por el contratista, ajustándolos a los consumos reales y evidenciando aún más la ilegitimidad de las transacciones anteriores.

El tribunal considera que existen pruebas sólidas que justifican las solicitudes presentadas por el Ministerio Fiscal, apuntando a un fraude sistemático que debe ser abordado de inmediato para salvaguardar la integridad de la administración pública.