El Tribunal Supremo ha exigido a la Administración General del Estado que cumpla, en un período de 15 días “sin prórroga”, la orden emitida en marzo, que mandaba asegurar el acceso y la permanencia en el sistema de acogida de unos mil menores extranjeros no acompañados que solicitan asilo en las Islas Canarias.

Los magistrados reafirman que el Gobierno tiene la responsabilidad de implementar “con la urgencia que requiere la situación” las medidas necesarias, tal como ya se había advertido en su resolución anterior.

Esta decisión surge tras un escrito del Gobierno de Canarias que señalaba la continuada “situación de hacinamiento” que enfrentan los menores en las instalaciones del ejecutivo autonómico.

David Toledo, secretario de Organización de Coalición Canaria, expresó en una conferencia de prensa que, desde que el Supremo sentó el precedente de que el Estado debía encargarse de estos menores, el Gobierno central ha fallado en cumplir con la sentencia. “De cerca de 1,100 niños y niñas que tienen derecho a asilo, solamente han sido trasladados 256 al sistema nacional de protección”, indicó.

El alto tribunal reconoce la validez de las preocupaciones planteadas por la defensa del Gobierno de Canarias respecto a la notable falta de acción. Por este motivo, exige el cumplimiento de la orden en el plazo estipulado sin “excusas ni reparos”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo recuerda que la instrucción formulada en marzo era clara: el “acceso y permanencia” de los menores en el sistema de acogida debía llevarse a cabo de forma “inminente y categórica”.

“Sin embargo, pasados más de siete meses, está claro que, como señala la Administración recurrente, la velocidad de cumplimiento de esta directriz es completamente inaceptable”, concluyen los magistrados.

A pesar de que se reconoce que el Gobierno ha enviado informes periódicos sobre las acciones llevadas a cabo, el Tribunal sostiene que estas no han conducido a un cumplimiento efectivo de los términos de la orden.

El Supremo señala que las comunicaciones del Estado son meramente informativas sobre las actividades en curso relacionadas con los procedimientos de las solicitudes, y critica que el Gobierno nunca ha presentado una “decisión real y efectiva” para asumir la responsabilidad de garantizar el acceso y la permanencia de los menores en el sistema de acogida.

El alto tribunal enfatiza que su mandato no se limitaba solo a la tramitación de solicitudes de protección internacional, sino que demandaba principalmente la integración efectiva de estos menores en el sistema de acogida, algo que no se ha cumplido de la manera requerida y que, de continuar a este ritmo, resultará poco probable.

En este contexto, el Tribunal recuerda que “no se trata de que la Administración Central evalúe las dificultades de los centros del sistema, sino de incluir a estos menores de la manera que estime conveniente y con la urgencia requerida”, enfatizando que la ejecución hasta ahora se ha quedado muy lejos de lo exigido.

Además de la instrucción de marzo, es importante recordar que el Tribunal también dictó en junio que el Gobierno debía proporcionar, en un plazo “improrrogable de 30 días”, los recursos humanos y materiales necesarios para que las oficinas administrativas que manejan las solicitudes de protección internacional pudiesen funcionar de forma apropiada.