El Tribunal de Cuentas ha decidido archivar provisionalmente el caso de las mascarillas, en el cual se investiga al Servicio Canario de Salud (SCS) por el pago de cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas durante la pandemia de coronavirus.

Esta medida provisional se toma a raíz de un escrito presentado por la Audiencia de Canarias, que alertaba sobre presuntas irregularidades en un contrato de emergencia firmado con la sociedad RR7 United.

En el acta de liquidación provisional, con fecha del 14 de diciembre de 2022, se reconoce el daño a las arcas públicas. Sin embargo, también se destaca que el Servicio Canario de Salud ha iniciado el procedimiento para recuperar el dinero a través de la providencia de la Agencia Tributaria Canaria del 12 de noviembre de 2022.

El Ministerio Fiscal, en un escrito presentado el 26 de enero de 2023, solicitó la apertura del juicio contable y su suspensión hasta que se resolviera el procedimiento iniciado por la administración canaria para recuperar la deuda. En febrero, el SCS solicitó el archivo de las actuaciones.

El Tribunal de Cuentas se basa en el artículo 179.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para tomar esta decisión. Dicho artículo establece que el proceso puede suspenderse y continuará solo si cualquiera de las partes lo solicita. En caso de que nadie lo solicite en un plazo de cinco días después de la suspensión, el caso se archiva provisionalmente.

En este caso, ninguna de las partes solicitó la reanudación del proceso, por lo que se ha acordado el archivo provisional. Los autos permanecerán en esta situación hasta que las partes soliciten su reanudación o se produzca la caducidad de la instancia.

Entre las personas investigadas se encuentran el exdirector del SCS, Conrado Domínguez, por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias; la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez Afonso, por presunta prevaricación administrativa; y el administrador único de RR7, Rayco González, por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales.

La causa penal sigue abierta en la Fiscalía Europea, ya que se reclama competencia por el uso de fondos europeos.