El Senado de España se prepara para votar este jueves sobre las propuestas de modificación a la ley que regula el Régimen Económico Fiscal (REF) de las Islas Canarias, una iniciativa impulsada por el PSOE en colaboración con Coalición Canaria (CC). Este proyecto busca fomentar el alquiler de viviendas destinadas a residencia habitual y estipula regulaciones específicas para las inversiones en propiedades utilizadas para arrendamiento.

Las enmiendas que serán aprobadas durante la sesión plenaria abordan aspectos relevantes sobre las empresas afectadas por el Impuesto sobre Sociedades y se enviarán al Congreso de los Diputados para su aprobación final. Este proceso legislativo ya ha recorrido distintas etapas en la Cámara Alta, y ahora se encamina hacia su culminación.

Entre los cambios propuestos, la normativa permite que las reservas para inversiones en Canarias (RIC) puedan utilizarse para comprar o construir viviendas en el archipiélago, siempre que estos inmuebles se destinen, de manera innovadora, al alquiler de larga duración. Uno de los requisitos es que la propiedad no haya estado arrendada previamente, ya sea con o sin opción de compra, y que no haya conexión directa o indirecta entre el propietario y el inquilino.

El objetivo de esta iniciativa, promovida por los socialistas y los nacionalistas canarios, es garantizar que las viviendas sean alquiladas efectivamente dentro de un plazo de seis meses a partir de su compra o cuando sean acondicionadas para ser habitadas.

Además, los promotores del proyecto buscan que las reservas se utilicen también para crear empleo relacionado directamente con estas inversiones, apoyando así la economía local y el mercado laboral en las islas.

Según se detalla, la RIC podrá materializarse a través de la suscripción de acciones o participaciones de empresas que se constituyan o amplíen su capital, siempre que estas empresas se dediquen a proyectos de arrendamiento de viviendas habituales en la región.

Por último, los cambios propuestos en la RIC tendrán efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2024, permitiendo que las inversiones realizadas antes de esta fecha sean contempladas bajo la nueva legislación.