En un nuevo avance hacia la justicia social, el Grupo Socialista del Parlamento de Canarias ha presentado una Proposición No de Ley que solicita al Gobierno regional que ponga en marcha líneas de ayuda para complementar las indemnizaciones recibidas por los propietarios de terrenos que fueron afectados por la erupción del volcán y posteriormente expropiados para llevar a cabo obras de infraestructura necesarias, como carreteras y caminos, en el proceso de reconstrucción.

Alicia Vanoostende, diputada socialista por La Palma, ha subrayado la relevancia de las obras que se están llevando a cabo para mejorar las comunicaciones en el Valle de Aridane. Entre ellas se encuentran las carreteras que conectan La Laguna con Las Norias, realizadas por el Cabildo de La Palma, así como la carretera de la Costa, la cual ha sido financiada por el Gobierno de España.

“Si bien estas obras son fundamentales para la recuperación del Valle de Aridane, es importante señalar que, en ocasiones, pueden afectar a las parcelas privadas debido a sus nuevos diseños”, argumentó la diputada.

Vanoostende también ha señalado que la actual legislación sobre expropiación forzosa, que data de 1954, establece que la administración encargada debe indemnizar a los propietarios de los terrenos afectados. Sin embargo, esta normativa, que ha permanecido vigente durante más de siete décadas, ha dado lugar a una desigualdad notable entre los propietarios debido a las diferencias en las valoraciones de las indemnizaciones. “Los propietarios de parcelas sepultadas por la lava reciben indemnizaciones distintas a las de aquellos cuyos terrenos no resultaron afectados”, explicó la parlamentaria.

Como ilustración de esta desigualdad, mencionó el caso de la carretera de la Costa, donde el monto de la indemnización para fincas de plataneras cubiertas por la lava es aproximadamente la mitad de lo que se compensa a igual tipo de fincas que no fueron afectadas por la erupción volcánica.

“Es profundamente injusto que aquellas personas que ya sufrieron las consecuencias de la erupción del volcán ahora enfrenten más dificultades en el proceso de expropiación, convirtiéndose en víctimas dobles de esta tragedia”, añadió con firmeza Vanoostende.

Para prevenir estas disparidades entre los afectados por las obras, la diputada ha defendido que el Gobierno de Canarias active, dentro de sus competencias, ayudas específicas para mitigar las diferencias existentes en los montos de indemnizaciones derivadas de las expropiaciones.

En este contexto, Vanoostende recordó que el Gobierno de Canarias cuenta con aproximadamente 150 millones de euros anuales para abordar los gastos vinculados a la recuperación de la isla de La Palma tras la erupción, de los cuales 100 millones provienen del Ejecutivo central. Asimismo, destacó que es esta administración la que debe hacerse cargo de las indemnizaciones por daños a viviendas, explotaciones agrícolas, comercios e industrias afectadas.